La Fiscalía argentina pide 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para Cristina Fernández
20:33 GMT 22.08.2022 (actualizado: 22:41 GMT 22.08.2022)
© AFP 2023 / Juan Mabromata
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Fiscalía de Argentina solicitó una pena de cárcel de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando fue mandataria (2007-2015).
"Se solicita se condene a Cristina Elisabet Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de sociedad ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública que concurren de manera real", anunció el fiscal federal Diego Luciani en el final de la novena audiencia por la Causa Vialidad.
El Ministerio de Público acusa a Fernández de ser jefa, junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de una asociación ilícita integrada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), entre otros funcionarios, que presuntamente orientó la atribución de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en favor del empresario Lázaro Báez.
"Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia", dijo Luciani antes de plantear el petitorio y añadió: "Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público", agregó.
La Fiscalía solicitó, además, 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y 10 para años para el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y para el extitular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
El petitorio incluye además una condena de seis años de prisión para Carlos Villafañe y Mauricio Collareda; cinco años para Osvaldo Daurich y Raúl Pavesi; cuatro años Claudio Abel Fatala y Raúl Santibañes; y tres años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Por su parte, el fiscal federal Sergio Mola aseguró que el fraude contra el Estado fue de 5.321 millones de pesos, unos 926 millones de dólares aproximadamente.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó el decomiso de las ganancias obtenidas por los delitos cometidos por todos los acusados.
También se pide confiscar todos los bienes del grupo Báez "porque fueron adquiridos de forma simultánea con las maniobras investigadas", detalló el Ministerio Público.
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió ampliar su declaración indagatoria.
"En abierta violación del principio de defensa en juicio, [los fiscales] montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", escribió la mandataria en la red social Twitter.
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
El fallo del tribunal se conocerá antes de fin de año y, en caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández sea condenada, no tendría inconvenientes legales para ser candidata en las próximas elecciones, pues la sentencia no quedaría firme y deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia, lo que podría llevar años.
Lo mismo cabe con la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Por su parte, el Gobierno de Argentina denunció que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufre una "persecución judicial y mediática".
"El Gobierno condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena", afirmó el Ejecutivo en un comunicado difundido en redes sociales.
Sostuvo que ninguna de las acusaciones contra la vicepresidenta han sido probadas y que todas ellas se refieren a la función que ejercía como jefa de Estado, lo cual "degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal".
"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta", afirmó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.
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