Activistas de Costa Rica denuncian pasividad estatal ante acto de apología del crimen
Activistas de Costa Rica denuncian pasividad estatal ante acto de apología del crimen
Sputnik Mundo
SAN SALVADOR (Sputnik) — Un colectivo de defensores de derechos humanos en Costa Rica denunció la pasividad estatal ante una apología del crimen realizada por... 24.08.2022, Sputnik Mundo
Según el texto, en un acto celebrado el pasado 17 de agosto, Varela confesó con orgullo que asesinó a Rivera, fue aplaudido y vitoreado por parte del público presente, mientras los integrantes de una mesa técnica gubernamental para la atención de la población indígena se mantuvieron impávidos.Varela asesinó de cinco balazos a Rivera el 24 de febrero de 2020, alegando que el representante del pueblo indígena Teribe y Bribri amenazaba con quemar su vivienda, y se mantiene en libertad pese a que en octubre de 2021 una corte local lo mandó a juicio por homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.Gustavo Oreamuno, dirigente de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, desmintió el argumento de legítima defensa, al señalar que Rivera fue sujetado por dos personas mientras Varela le disparaba, ante los ojos de una turba de casi 150 personas organizada por terratenientes que usurpan varios territorios originarios al sur de país.El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica aclaró en un comunicado que el viceministro Sevilla "repudia cualquier hecho de violencia y no justifica ni comparte la posición de este ciudadano (Varela)", y precisa que, al tratarse de un caso abierto, no puede emitir detalles.La comunidad originaria de Teribe y Bribri de Salitre goza desde abril de 2015 de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales amparaban también a Rivera, víctima de agresiones por su defensa de los derechos territoriales de su pueblo.El sistema de Naciones Unidas expresó entonces preocupación por la violencia registrada en el territorio indígena de Salitre, expresada en la quema de ranchos y bloqueo de caminos, y reclamó al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de esos pueblos.La muerte de Rivera ocurrió apenas un año después del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena Bribri de Salitre, ultimado con 15 disparos pese a las medidas de protección dictadas por la CIDH.
SAN SALVADOR (Sputnik) — Un colectivo de defensores de derechos humanos en Costa Rica denunció la pasividad estatal ante una apología del crimen realizada por Luis Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Jehry Rivera, en un acto donde estaba el viceministro de Justicia, Sergio Sevilla.
"Las personas firmantes, defensoras de Derechos Humanos, exigimos el avance inmediato de las investigaciones judiciales contra el asesino confeso de Jerhy Rivera y condenamos que representantes estatales no hayan tomado medidas para impedir tal acto del asesino confeso del líder indígena y se constituyan en cómplices de la apología al delito", reclamaron los activistas en un pronunciamiento público.
Según el texto, en un acto celebrado el pasado 17 de agosto, Varela confesó con orgullo que asesinó a Rivera, fue aplaudido y vitoreado por parte del público presente, mientras los integrantes de una mesa técnica gubernamental para la atención de la población indígena se mantuvieron impávidos.
Varela asesinó de cinco balazos a Rivera el 24 de febrero de 2020, alegando que el representante del pueblo indígena Teribe y Bribri amenazaba con quemar su vivienda, y se mantiene en libertad pese a que en octubre de 2021 una corte local lo mandó a juicio por homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.
Gustavo Oreamuno, dirigente de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, desmintió el argumento de legítima defensa, al señalar que Rivera fue sujetado por dos personas mientras Varela le disparaba, ante los ojos de una turba de casi 150 personas organizada por terratenientes que usurpan varios territorios originarios al sur de país.
El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica aclaró en un comunicado que el viceministro Sevilla "repudia cualquier hecho de violencia y no justifica ni comparte la posición de este ciudadano (Varela)", y precisa que, al tratarse de un caso abierto, no puede emitir detalles.
La comunidad originaria de Teribe y Bribri de Salitre goza desde abril de 2015 de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales amparaban también a Rivera, víctima de agresiones por su defensa de los derechos territoriales de su pueblo.
El sistema de Naciones Unidas expresó entonces preocupación por la violencia registrada en el territorio indígena de Salitre, expresada en la quema de ranchos y bloqueo de caminos, y reclamó al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de esos pueblos.
La muerte de Rivera ocurrió apenas un año después del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena Bribri de Salitre, ultimado con 15 disparos pese a las medidas de protección dictadas por la CIDH.
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