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El Gobierno boliviano asegura que decreto garantiza censo y pide levantar paro

© Foto : Gentileza Ministerio Planificación del Desarrollo/Christian Eugenio CalderónEl ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Sergio Cusicanqui
El ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Sergio Cusicanqui - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2022
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SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El Gobierno boliviano aseguró que el decreto 4824 garantiza el Censo de Población y Vivienda 2024 y no se requiere una ley adicional, tras 25 días de paro en el departamento de Santa Cruz (este) para exigir el empadronamiento en 2023, explicó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

"Considerando que el Censo es competencia privativa del nivel central del Estado, creemos que es suficiente la emisión del decreto estableciendo la fecha del Censo de Población y Vivienda", afirmó Cusicanqui a la prensa local.

El ministro de Planificación comunicó que no ve motivo para seguir con la protesta en Santa Cruz y pidió levantar la medida porque ya generó pérdidas económicas que superan los 800 millones de dólares.
Los resultados del censo permitirán una redistribución de recursos económicos para las regiones y de escaños parlamentarios, lo que actualmente se hace con datos del último empadronamiento realizado en 2012.
Santa Cruz de la Sierra ¿del censo a la secesión?
El 13 de noviembre por la noche, pobladores de Santa Cruz, encabezados por organización cívica Comité pro Santa Cruz, se concentraron masivamente (cabildo) para definir el curso de la protesta y acordaron mantener el paro por 72 horas más para que el Gobierno ratifique su decisión en una ley, libere a manifestantes detenidos y la asignación de escaños parlamentarios.
La medida de presión se mantiene, pese a que el presidente Luis Arce informó la fecha definitiva del censo el viernes por la noche, en un mensaje presidencial, tras una jornada violenta en Santa Cruz con la toma de instituciones públicas y la quema de una sede campesina.
El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, lo que generó el conflicto.
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