Las multitudinarias protestas desafían al Congreso peruano a adelantar las elecciones
23:54 GMT 20.12.2022 (actualizado: 09:39 GMT 28.12.2022)
© AP Photo / Guadalupe Pardo
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Ante las movilizaciones populares, el Congreso del Perú tuvo que adelantar las elecciones después de rechazar su anticipación el pasado 16 de diciembre. En diálogo con Sputnik, la politóloga peruana Eliana Carlin afirma que el problema recae en reconocer la necesidad de establecer un proceso constituyente en el país.
Este 20 de diciembre, el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional para adelantar las elecciones para abril de 2024. Sin embargo, habrá que ver si esto sirve para aplacar los ánimos en el país.
La marcha atrás del Congreso sucedió por la presión de todos los estamentos sociales movilizados en el país, cuando las cifras de víctimas de la represión estatal ya suman 26.
Para la politóloga peruana Eliana Carlin, "tenemos un panorama bastante oscuro y confuso por delante", en el cual el Congreso debe tomar una decisión sobre el adelanto de las elecciones presidenciales, "para lo cual deben aprobar una fórmula en la cual recorten el mandato presidencial que constitucionalmente es por cinco años", destacó.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigió el adelanto de las elecciones el lunes 19. También lo hizo la Asociación de las Universidades Nacionales de Perú, en un comunicado en el que demanda al Congreso "deponer las ideologías y adelantar las elecciones generales con suma urgencia en 2023".
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Los gobernadores regionales de Cajamarca, Mesías Guevara, y de Apurímac, Baltazar Lantarón, exhortaron a la presidenta Dina Boluarte a renunciar al cargo de manera irrevocable, a fin de dar paso al adelanto de elecciones y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, indicó que el adelanto de las elecciones forma parte del "clamor popular" y que el Congreso tiene una "enorme responsabilidad" sobre esta.
"Los que se resisten por completo son bastante pocos, porque la situación social es ya bastante crítica, estamos ante un estallido que ha generado ya 26 peruanos muertos por la represión militar, seguimos en un estado de emergencia", subrayó la politóloga.
Carlin sostiene que "la mayoría ya ha depuesto sus ánimos de quedarse hasta 2026", pero que los argumentos para retrasar un poco más su salida del Parlamento, "tienen que ver con la necesidad de hacer reformas electorales", apuntó.
Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, anunció que es posible adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023.
Salas Arenas dijo que este escenario solo será posible si se eliminan las elecciones primarias, en las cuales los partidos políticos deberían escoger a sus representantes.
"El pleno del JNE ha tomado en cuenta la urgencia social generada y como tal [es preciso] señalar que, sacrificando las elecciones primarias, que son una necesidad esencial del proceso, estamos en vista de realizar las elecciones hasta fines de diciembre de 2023", afirmó Salas Arenas.
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Los partidos de izquierda proponen "consultar mediante un referéndum, para redactar una nueva Constitución, para que tengamos una Asamblea Constituyente en el país y se comience un nuevo tiempo o un nuevo pacto social", explicó Carlín.
"Esa es la discusión en estos momentos, porque los partidos de derecha están absolutamente en contra de cambiar la constitución aprobada a través de un golpe de estado en 1993", agregó.
El rechazo del Congreso al adelantamiento de las elecciones había sido aprobado el viernes 16 de diciembre al obtener solo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevada a un referéndum.
Dicho proyecto planteaba recortar el mandato de Dina Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.
Dina Boluarte “adquiere ya claros tintes de autoritarismo, de una alianza cívico-militar. Ella ya ha dado mensajes a la nación desde un palacio de Gobierno rodeada de militares, está haciendo unos nombramientos por lo menos cuestionables, vinculados al régimen del dictador Alberto Fujimori, preso por graves violaciones a los derechos humanos", concluyó la politóloga.
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