La Fiscalía de Perú abre una investigación contra el primer ministro por colusión
La Fiscalía de Perú abre una investigación contra el primer ministro por colusión
Sputnik Mundo
El primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, son acusados de asociación ilícita agravada, informaron desde la Fiscalía de... 15.02.2023, Sputnik Mundo
2023-02-15T12:40+0000
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La legislación peruana indica que la conspiración agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión.Días antes Carola Rodríguez fue nombrada por el ministro Alfonso Adrianzén como asesora de su oficina con un sueldo de 15.500 soles al mes (4.078 dólares). Según el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece, Carola Rodríguez Bringas es tía de Luis Eduardo Otárola, hijo de Alberto Otárola, quien no consignó el nombre de su primogénito en su declaración jurada de intereses.Más tarde, el propio primer ministro peruano, al conocer la investigación, declaró: "No he intervenido en esta designación". Por su parte, el ministro de Trabajo indicó que no recibió "indicación o recomendación" para la designación conocida. Asimismo, afirmó que en la actual gestión no existen "delincuentes".Alberto Otárola está implicado en otras dos investigaciones preliminares de la Fiscalía General contra el alto ejecutivo, incluida la presidenta Dina Boluarte, por la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado diciembre.Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta la fecha son al menos 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.
El primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, son acusados de asociación ilícita agravada, informaron desde la Fiscalía de Perú y anunciaron el inicio de una investigación contra ellos. Otárola está implicado en otras 2 investigaciones por decenas de muertos en las protestas antigubernamentales.
La legislación peruana indica que la conspiración agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión.
🚨|La Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada. pic.twitter.com/HlLC6EFdRR
Días antes Carola Rodríguez fue nombrada por el ministro Alfonso Adrianzén como asesora de su oficina con un sueldo de 15.500 soles al mes (4.078 dólares). Según el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece, Carola Rodríguez Bringas es tía deLuis Eduardo Otárola, hijo de Alberto Otárola, quien no consignó el nombre de su primogénito en su declaración jurada de intereses.
Más tarde, el propio primer ministro peruano, al conocer la investigación, declaró: "No he intervenido en esta designación".
En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare. https://t.co/urgII4LoRM
Por su parte, el ministro de Trabajo indicó que no recibió "indicación o recomendación" para la designación conocida. Asimismo, afirmó que en la actual gestión no existen "delincuentes".
El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora
Si @FiscaliaPeru considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla
A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes
Alberto Otárola está implicado en otras dos investigaciones preliminares de la Fiscalía General contra el alto ejecutivo, incluida la presidenta Dina Boluarte, por la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado diciembre.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta la fecha son al menos 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.
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