El porte de armas de uso civil, ¿podría declararse inconstitucional en Ecuador?
El porte de armas de uso civil, ¿podría declararse inconstitucional en Ecuador?
Sputnik Mundo
Partidos políticos y juristas buscan que se declare inconstitucional el decreto 707 impulsado por el presidente Guillermo Lasso, que autoriza el porte de armas... 28.04.2023, Sputnik Mundo
El Decreto Ejecutivo 707, firmado el 1 de abril por el presidente Guillermo Lasso, aprobado con el objetivo de combatir la inseguridad, continúa generando el rechazo de gran parte de los ecuatorianos.El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) presentó una acción pública de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte Constitucional. Lo mismo hizo un grupo de juristas que cuestionan la efectividad de la medida de Lasso.El decreto autoriza la tenencia y el porte de armas en materia de defensa personal a los ecuatorianos. Además, permite que guardias de seguridad privados colaboren con la Policía durante las horas de prestación de sus servicios.Ante esta normativa, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) junto a activistas políticos y sociales, presentó un recurso "con el objetivo de que la Corte Constitucional dicte medidas cautelares que suspendan la ejecución del Decreto Ejecutivo y, posteriormente, sentencie su inconstitucionalidad", según reveló en un comunicado a través de Twitter.El Estado tiene una competencia exclusiva y privativa respecto a garantizar la seguridad y el orden público, por lo que "bajo ningún pretexto podría delegarse esta facultad a los ciudadanos", sostuvo el concejal electo para el distrito Metropolitano de Quito por parte del PSE, Andrés Campaña, uno de los presentadores del recurso junto al Presidente del Partido, Gustavo Valleja y la doctorada en Derecho, Elsa Guerra.El dirigente remarcó que Ecuador ha suscrito instrumentos internacionales que se postulan contra la proliferación de armas de fuego y el tráfico ilícito. "Nuestro país asumió un compromiso internacional que, con estas medidas, no está cumpliendo", aseguró Campaña.Por su parte, Guerra manifestó que preocupa que el fácil acceso a las armas deje a los ecuatorianos en una situación de total vulnerabilidad, principalmente a las mujeres. La letrada aseguró que teme que el decreto pueda impactar en el aumento de los feminicidios.Para el concejal, la respuesta frente a la delincuencia debería ser integral: necesitaría de inversión social para disminuir las desigualdades, la planificación de un plan de seguridad, voluntad política y presupuesto, el trabajo con los gobiernos locales y los comités de seguridad barriales. Además, requeriría de la implementación de reformas normativas como la del Código Órganico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que permita que los cuerpos de seguridad especiales cuenten con el acceso a armas letales.En la misma línea, casi en simultáneo, un grupo de juristas ecuatorianos presentó por su cuenta una acción de inconstitucionalidad del decreto tras considerar que, lejos de su objetivo inicial, va a contribuir a profundizar la violencia en las calles.Los juristas Stalin Raza, Pedro Jerves, Miguel Ángel Angulo, Daniel Yela, Estefanía Garzón, Paúl Ocaña, entre otros, buscan demostrar que el Gobierno está vulnerando derechos y en lugar de hacerse cargo de brindar seguridad a los ecuatorianos, le pasa esa responsabilidad a la propia población, según consignó Expreso.Los solicitantes aguardan que la policía reciba mayor capacitación, en lugar de otorgar facultades a la ciudadanía para portar armas. "La propia policía y los propios miembros de las Fuerzas Armadas no tienen claro cuándo y cómo actuar bajo la estructura de la legítima defensa", señaló Jerves.Al igual que el recurso del PSE, los juristas esperan que se suspendan los otorgamientos de permisos de porte de armas, mientras la Corte no se pronuncie.
Partidos políticos y juristas buscan que se declare inconstitucional el decreto 707 impulsado por el presidente Guillermo Lasso, que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal. Varios recursos legales fueron presentados ante la Corte Constitucional en contra de la cuestionada medida para combatir la seguridad en el país.
El Decreto Ejecutivo 707, firmado el 1 de abril por el presidente Guillermo Lasso, aprobado con el objetivo de combatir la inseguridad, continúa generando el rechazo de gran parte de los ecuatorianos.
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) presentó una acción pública de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte Constitucional. Lo mismo hizo un grupo de juristas que cuestionan la efectividad de la medida de Lasso.
Ante esta normativa, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) junto a activistas políticos y sociales, presentó un recurso "con el objetivo de que la Corte Constitucional dicte medidas cautelares que suspendan la ejecución del Decreto Ejecutivo y, posteriormente, sentencie su inconstitucionalidad", según reveló en un comunicado a través de Twitter.
El Estado tiene una competencia exclusiva y privativa respecto a garantizar la seguridad y el orden público, por lo que "bajo ningún pretexto podría delegarse esta facultad a los ciudadanos", sostuvo el concejal electo para el distrito Metropolitano de Quito por parte del PSE, Andrés Campaña, uno de los presentadores del recurso junto al Presidente del Partido, Gustavo Valleja y la doctorada en Derecho, Elsa Guerra.
El dirigente remarcó que Ecuador ha suscrito instrumentos internacionales que se postulan contra la proliferación de armas de fuego y el tráfico ilícito. "Nuestro país asumió un compromiso internacional que, con estas medidas, no está cumpliendo", aseguró Campaña.
Por su parte, Guerra manifestó que preocupa que el fácil acceso a las armas deje a los ecuatorianos en una situación de total vulnerabilidad, principalmente a las mujeres. La letrada aseguró que teme que el decreto pueda impactar en el aumento de los feminicidios.
Para el concejal, la respuesta frente a la delincuencia debería serintegral: necesitaría de inversión social para disminuir las desigualdades, la planificación de un plan de seguridad, voluntad política y presupuesto, el trabajo con los gobiernos locales y los comités de seguridad barriales. Además, requeriría de la implementación de reformas normativas como la del Código Órganico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que permita que los cuerpos de seguridad especiales cuenten con el acceso a armas letales.
En la misma línea, casi en simultáneo, un grupo de juristas ecuatorianos presentó por su cuenta una acción de inconstitucionalidad del decreto tras considerar que, lejos de su objetivo inicial, va a contribuir a profundizar la violencia en las calles.
Los juristas Stalin Raza, Pedro Jerves, Miguel Ángel Angulo, Daniel Yela, Estefanía Garzón, Paúl Ocaña, entre otros, buscan demostrar que el Gobierno está vulnerando derechos y en lugar de hacerse cargo de brindar seguridad a los ecuatorianos, le pasa esa responsabilidad a la propia población, según consignó Expreso.
Los solicitantes aguardan que la policía reciba mayor capacitación, en lugar de otorgar facultades a la ciudadanía para portar armas. "La propia policía y los propios miembros de las Fuerzas Armadas no tienen claro cuándo y cómo actuar bajo la estructura de la legítima defensa", señaló Jerves.
Al igual que el recurso del PSE, los juristas esperan que se suspendan los otorgamientos de permisos de porte de armas, mientras la Corte no se pronuncie.
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