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Uruguay sigue en emergencia hídrica: ¿es necesaria la ayuda internacional?

© AFP 2023 / PABLO PORCIUNCULATrabajadores de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado perforan pozos para extraer agua en un parque de Montevideo el 6 de junio de 2023.
Trabajadores de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado perforan pozos para extraer agua en un parque de Montevideo el 6 de junio de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2023
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La posibilidad de recibir fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la escasez de agua potable desató un debate entre políticos uruguayos, quienes admiten que la situación es crítica. En diálogo con Sputnik, dos legisladores aportaron diferentes visiones sobre la necesidad de un apoyo financiero exterior.
La escasez en los principales reservorios de agua potable pone en aprietos al Gobierno de Uruguay, un país que vive las consecuencias de la mayor sequía del siglo.
Sin previsión de lluvias, el Ejecutivo declaró la emergencia hídrica para la zona metropolitana, que nuclea los departamentos de Montevideo, Canelones y San José y concentra a más del 60% de la población. Además, comenzó a construir un embalse y obras de infraestructura sobre el río San José con la idea de tener una fuente de agua alternativa.
Además de la escasez, la calidad del agua alarma a los uruguayos. Desde mayo, la empresa estatal OSE ha abastecido a la población con agua con mayores concentraciones de sodio y cloruro. La nueva composición ha despertado la preocupación de la comunidad médica que desaconseja su consumo, principalmente en personas con enfermedades cardiovasculares.
En este marco, el Gobierno ha garantizado el abastecimiento de agua de mejor calidad en hospitales, residenciales, centros de atención a la infancia y otras dependencias, mientras que en la capital la Intendencia de Montevideo (IM) suministra agua embotellada a policlínicas para su posterior distribución a la población de riesgo.
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En ese marco, la Intendencia de Montevideo solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el visto bueno para poder recibir un préstamo no reembolsable por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —organismo al que solicitó apoyo a fines de mayo— con el objetivo de destinar esos fondos para "atender las situaciones surgidas por los efectos que la sequía ha generado en el departamento, principalmente sobre las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica".
La IM requería de la autorización del Gobierno Nacional para continuar el diálogo con el BID —que había mostrado buena receptividad—, pero este no le fue concedido.
En un diálogo con Sputnik, el diputado Álvaro Viviano aseguró que el Gobierno está "monitoreando el día a día y el Ministerio de Economía y Finanzas está tomando los recaudos suficientes y disponiendo los recursos que sean necesarios para mitigar los impactos" de la crisis hídrica.
El legislador del oficialista Partido Nacional no consideró que "esta asistencia internacional sea necesaria para mitigar los impactos" dado que el Gobierno, desde el Ministerio, "le ha asegurado a los entes encargados de administrar el agua que van a estar los recursos que sean necesarios para atender la emergencia".
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Sin embargo, Viviano remarcó que si para asegurar el abastecimiento de agua potable se requiere del "auxilio del financiamiento internacional", se recurrirá a este mecanismo.

"Hoy creemos que estamos cubiertos, pero si resolverle el tema a la población exige tomar otro tipo de caminos que no están precisamente arriba de la mesa, por supuesto que lo vamos a tomar", aseguró.

Por su parte, el senador opositor del Frente Amplio, José Carlos Mahía, dijo que el apoyo internacional es "imprescindible" dado que Uruguay "tiene que apelar a aquellos mecanismos que den la más rápida y urgente respuesta para la sociedad".
Mahía consideró que el accionar del Gobierno bloqueó la posibilidad de una negociación de la Intendencia con el BID, algo que consideró "una mezquindad total" en la que se priorizó "lo político partidario por encima del interés de la gente".
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¿Un accionar tardío?

El 20 de junio —un día después de que fuera declarada la emergencia hídrica— el Gobierno inició las obras para la construcción de un embalse en el río San José, así como un sistema de cañerías con el objetivo de que OSE tenga una fuente de agua alternativa y eso permita garantizar el suministro. El proyecto requerirá de un tiempo de construcción de 30 días.
Viviano valoró esta obra de mitigación en el corto plazo, pero enfatizó que, además, el Gobierno prevé otras obras "de gran porte, que aseguran la toma de agua del Río de la Plata" en el mediano plazo. Este proyecto, denominado Neptuno, "tendría una duración de dos años y recién se están abriendo las ofertas de licitación".
En contrapartida, Mahía consideró que el Gobierno "está reaccionando tarde a un problema que viene de hace mucho tiempo" y advirtió que "la lentitud del Gobierno ha afectado la calidad de vida de mucha gente en el país".
También agregó que las obras anunciadas sobre el río San José pudieron iniciarse hace tiempo.
En esto coincidió el ingeniero agrónomo Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. En un diálogo con Sputnik, el experto definió a la situación como "catastrófica" y señaló al Gobierno como el principal responsable por actuar de forma tardía para atender la crisis.
Panario indicó que "el traspaso del agua del río San José a aguas corrientes para su potabilización es una cosa que Edgardo Ortuño [director de OSE y dirigente del Frente Amplio] viene proponiendo desde hace meses y ya podría estar funcionando".
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