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Nuevo debate en Brasil: ¿"populismo punitivo" o defensa de la democracia?

© AP Photo / Andre PennerLuiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil  - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2023
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El presidente Lula da Silva anunció un proyecto de ley que prevé endurecer las penas para los crímenes contra el Estado de derecho. A pesar de las críticas de algunos especialistas, el politólogo Guilherme Simões Reis afirmó a Sputnik que el proyecto del Ejecutivo brasileño "es una respuesta simbólica" contra los intentos antidemocráticos.
El pasado 21 de julio, el Gobierno brasileño lanzó un conjunto de medidas de seguridad pública denominadas Paquete de la Democracia, en el marco del Programa de Acciones de Seguridad (PAS), que incluyen el endurecimiento de las penas para crímenes que atenten contra el Estado de derecho.
Algunos especialistas consideran que las propuestas presentadas por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el ministro de Seguridad, Flavio Dino, son desproporcionadas y las catalogan en los medios como "populismo punitivo".

"Estas medidas aparecen precisamente ahora porque desde el comienzo del Gobierno hubo un intento de derribar violentamente la democracia por parte de grupos bolsonaristas", manifestó Guilherme Simões Reis, politólogo brasileño y académico de la Universidad Federal del estado de Río de Janeiro, en conversación con Sputnik.

El proyecto de ley tomó fuerza a partir de los disturbios del pasado 8 de enero, cuando simpatizantes del exmandatario Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
"Algunos seguidores de Bolsonaro continúan agrediendo a figuras públicas ligadas al Poder Judicial y al Gobierno. Eso pasó con el juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes", lamentó el politólogo, en referencia al magistrado que investiga el asalto a los edificios públicos de Brasilia, quien fue agredido por simpatizantes bolsonaristas en el aeropuerto de Roma, en Italia, el pasado 14 de julio.
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El paquete de medidas propuesto por el Gobierno brasileño, junto al endurecimiento de penas para los responsables de crímenes contra la democracia, contempla a su vez sanciones económicas para los orquestadores y sospechosos de tales delitos.
A la vez, el PAS establece un nuevo marco normativo para la lucha contra la violencia, con nuevas regulaciones a las armas de fuego para evitar ataques a escuelas, además de transferencias de recursos federales a los gobiernos estaduales para el combate al crimen.

"Es esperable que el tono de las críticas sea muy fuerte, por ejemplo, decir que es 'populismo punitivo'. El término populismo es aplicado siempre por la prensa a políticos de izquierda en el continente. Entonces, cualquier cosa que Lula haga, desde políticas sociales a políticas de justicia, va a ser llamado populismo", recalcó Simões Reis.

Los disturbios del 8 de enero "demostraron que el tratamiento penal de los delitos contra el Estado democrático de derecho requiere ser más severo para asegurar el libre ejercicio de los poderes y las instituciones democráticas, el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la propia soberanía nacional", afirmó el Gobierno brasileño.
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Endurecimiento de penas y sanciones

El proyecto de ley supone el aumento de penas de reclusión para quienes atenten contra el Estado democrático de derecho, en el orden de:
Organizar o liderar movimientos antidemocráticos: 6 a 12 años.
Financiar movimientos antidemocráticos: 8 a 20 años.
Atentar contra la integridad física del presidente de la República, vicepresidente, presidente del Senado y Cámara de Diputados Federal, ministros del Supremo Tribunal Federal y Procurador General de la República: 6 a 12 años.
Atentar contra la vida del presidente de la República, vicepresidente, presidente del Senado y Cámara de Diputados Federal, ministros del Supremo Tribunal Federal y Procurador General de la República: 20 a 40 años.
Asimismo, la ley dispone para los responsables de tales delitos la pérdida de subsidios, beneficios e incentivos tributarios y la prohibición de ejercer cargos públicos, confiscación de bienes, cuentas bancarias y activos financieros.
"Es una respuesta simbólica y un aviso de que no van a tolerar intentos de derribar la democracia", añadió el politólogo sobre las penas previstas.
Flavio Dino, ministro de Justicia, enfrentó las críticas al proyecto de ley y reafirmó que los crímenes contra la democracia deben ser perseguidos "con firmeza".
"Respeto las críticas, pero mantendré la misma línea de acción. Quien minimizó los riesgos antidemocráticos, hace 100 años, en Alemania o Italia, alimentó a un monstruo. Trato de no pecar por omisión", afirmó Dino, en referencia al nazismo y el fascismo.
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"Seguramente las críticas [a las medidas] serían distintas si fuese Bolsonaro [el que las promueve] o mismo si fuera el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobernó Brasil durante dos periodos con Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o si fueran las figuras ligadas a la Operación Lava Jato, que precisamente querían penas más duras contra todo lo que veían como culpables", concluyó Simoes Reis.
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