Venezuela afirma en CIJ que no dará espalda a decisión del pueblo en referendo de Esequibo
12:29 GMT 15.11.2023 (actualizado: 17:46 GMT 15.11.2023)
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Venezuela no dará la espalda a lo que los ciudadanos decidan en el referendo consultivo sobre el Esequibo, afirmó su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Asimismo, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional del país decidió introducir en el Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional que garantice el ejercicio de los derechos electorales.
"Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos, nadie puede negar o fraccionar este derecho (…) El Estado venezolano no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta", expresó Rodríguez.
La vicepresidenta reiteró que nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre. De igual manera, aseguró que su país siempre ha sido respetuoso del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional.
"Esta posición está reflejada en cada una de las preguntas del referendo, esto es lo que nos diferencia de la conducta infractora y desviada de Guyana", comentó.
Además, reafirmó que Caracas cuenta con un sólido sistema institucional que vela por la constitucionalidad y legalidad de la actuación de los poderes públicos.
Rodríguez manifestó que "Venezuela, basada en la Carta de Naciones Unidas y del estatuto de esta Corte, reafirma su categórico rechazo a la acción temeraria de Guyana que busca inmiscuirse en sus asuntos internos".
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Asimismo, denunció que Guyana no solo decidió abandonar el Acuerdo de Ginebra, sino que ahora busca transgredir el orden internacional y promover un cambio del sistema político venezolano.
Un amparo constitucional
Además, el 15 de noviembre, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela marchó hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para introducir un amparo constitucional que garantice el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos, de cara al referendo consultivo sobre el asunto del Esequibo.
"Venimos a introducir un amparo constitucional para exigir al Tribunal Supremo de Justicia que proteja los derechos electorales, políticos, constitucionales del pueblo de Venezuela", indicó el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, desde la movilización transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.
La CIJ realizó el 14 y 15 de noviembre dos audiencias sobre el caso de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Esto luego de que el Gobierno guyanés solicitará las audiencias para tratar la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo que realizará Venezuela el próximo 3 de diciembre.
Previamente, Georgetown pidió a ese principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas la suspensión de la consulta popular impulsada por Caracas.
Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo, en el que los ciudadanos que participen deberán responder cinco preguntas, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.
Al respecto, el Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).
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Por su parte, la administración de Nicolás Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.
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