"Un golpe de efecto": ¿tienen éxito los militares en mejorar la seguridad de Ecuador?
"Un golpe de efecto": ¿tienen éxito los militares en mejorar la seguridad de Ecuador?
Sputnik Mundo
El Gobierno ecuatoriano pretende mantener a los militares en las calles, a pesar de que ya no puede extender constitucionalmente el estado de excepción. En un... 04.04.2024, Sputnik Mundo
Si bien el plazo para el estado de excepción termina legalmente el 8 de abril, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pretende mantener a las Fuerzas Armadas en las calles del país para combatir a los grupos armados. La participación de los militares en el control de algunos delitos será, a su vez, cuestión de una de las preguntas de la consulta popular fijada para el 21 de abril.La continuidad de la presencia militar fue confirmada el 1 de abril por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, durante una rueda de prensa. En declaraciones recogidas por La República, la jerarca explicó que, si bien constitucionalmente no es posible extender el estado de excepción por más de 90 días, "existen medidas constitucionales alternativas que permiten a los militares permanecer en las calles y cárceles".Desde el inicio del estado de excepción, efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas establecieron controles en carreteras, puertos y aeropuertos del país, con la intención de detener a cabecillas e integrantes de los 22 grupos criminales señalados por el Gobierno.Según datos oficiales, hasta el mes de marzo los militares habían participado en aproximadamente unas 12.000 detenciones en casi 140.000 operativos, de los cuales casi 200 fueron implementados contra grupos denominados "terroristas".De acuerdo al especialista, las operaciones aplicadas en estos meses por las Fuerzas Armadas del Ecuador, especialmente en lo referido al control de calles o carreteras, "es básicamente una estrategia disuasiva con efectos militaristas". Para el analista, se trata de operaciones que no pueden realizarse "todos los días a toda hora", por lo que su efecto mayor es el mensaje que da a la población.En ese sentido, consideró que el objetivo de detener cabecillas y desmantelar a las bandas criminales es "bastante acotado" por la propia capacidad de estos grupos de rearmarse y modificarse continuamente.Por eso, Pontón entiende que tanto en estos primeros meses de gestión de Noboa como los últimos de su antecesor, Guillermo Lasso, se demostró que el recurso militar "nunca dio mucha claridad" en la lucha contra el crimen, dado que "se trata de un tema que traspasa al ámbito militar".Pontón apuntó que, en ese contexto, en algunas zonas del país hay poblaciones que volvieron a reclamar "mayor presencia policial porque los militares no dan abasto".El experto sostuvo además que los militares suelen actuar bajo "una lógica de ocupación de un territorio", una filosofía que si bien puede contener los grandes focos de violencia, pueden convertir determinadas zonas en "una guerra permanente" si no se acompaña con otras actuaciones estatales."Bajo el concepto de ocupación de territorios estamos destinados a tener una guerra permanente, porque la población se siente ocupada y no legitima esa acción militar y los militares tampoco confían en esas poblaciones. En esa especie de rechazo mutuo el que pulula es el crimen organizado", ilustró.Para Pontón, con ese tipo de acciones "el Estado siempre va a perder" dado que sus ocupaciones territoriales serán "siempre temporales" a menos que se encuentren maneras de generar "institucionalidad" a largo plazo. Al respecto, destacó la necesidad de realizar una "gra intervención estatal con servicios sociales y urbanísticos" en las zonas en las que las fuerzas de seguridad avanzan contra el crimen organizado.A eso se suma algunos errores identificados por el analista en el accionar de las fuerzas. Si bien desestimó que existan abusos de poder sistemáticos, Pontón recordó que las Fuerzas Armadas comenzaron sus operativos, divulgado videos en los que se veía a jóvenes siendo detenidos y "humillados" por agentes."Entiendo que fue una estrategia disuasiva para generar un mensaje a la juventud de lo que le puede pasar si se une a bandas criminales, pero hasta el momento fue una muy mala idea porque comenzó a ser repudiado por ciertas poblaciones y eso frenó que las fuerzas militares puedan tener mayor rédito", argumentó.De todas maneras, el experto valoró la importancia de la acción militar en operaciones puntuales contra "bandas criminales con armamento pesado", en las que se requiere una respuesta "proporcional a la amenaza". Para el analista, los primeros días de enero, cuando se declaró el estado de guerra interno, tuvieron efectos importantes en ese sentido que, sin embargo, comenzaron a "agotarse" con el paso de las semanas.Una pregunta que se aprobará "con holgura"La participación de las Fuerzas Armadas en el combate es tema de la primera pregunta de la consulta popular del 21 de abril. Tras una frase introductoria en la que se recuerda que las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía "a menos que exista una declaratoria de estado de excepción", la consulta introduce la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?".Para Pontón, la pregunta será aprobada "con holgura" por la población, incluso a pesar de que algunas otras interrogantes no resulten favorables a Noboa. En ese marco, aventuró que el presidente ecuatoriano "va a insistir" en la participación de los militares en la seguridad interna porque "ha sido parte de su estrategia".
El Gobierno ecuatoriano pretende mantener a los militares en las calles, a pesar de que ya no puede extender constitucionalmente el estado de excepción. En un diálogo con Sputnik, el experto Daniel Pontón valoró la acción "disuasiva" de los militares, pero advirtió sobre los problemas que han tenido los militares para ser efectivos en su tarea.
Si bien el plazo para el estado de excepción termina legalmente el 8 de abril, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pretende mantener a las Fuerzas Armadas en las calles del país para combatir a los grupos armados. La participación de los militares en el control de algunos delitos será, a su vez, cuestión de una de las preguntas de la consulta popular fijada para el 21 de abril.
La continuidad de la presencia militar fue confirmada el 1 de abril por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, durante una rueda de prensa. En declaraciones recogidas por La República, la jerarca explicó que, si bien constitucionalmente no es posible extender el estado de excepción por más de 90 días, "existen medidas constitucionales alternativas que permiten a los militares permanecer en las calles y cárceles".
Desde el inicio del estado de excepción, efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas establecieron controles en carreteras, puertos y aeropuertos del país, con la intención de detener a cabecillas e integrantes de los 22 grupos criminales señalados por el Gobierno.
Según datos oficiales, hasta el mes de marzo los militares habían participado en aproximadamente unas 12.000 detenciones en casi 140.000 operativos, de los cuales casi 200 fueron implementados contra grupos denominados "terroristas".
"Creo que lo que hemos vivido en estos meses ha sido más un golpe de efecto, una estrategia bastante abierta del Gobierno frente a este problema", dijo a Spuntik el sociólogo y experto en seguridad Daniel Pontón.
De acuerdo al especialista, las operaciones aplicadas en estos meses por las Fuerzas Armadas del Ecuador, especialmente en lo referido al control de calles o carreteras, "es básicamente una estrategia disuasiva con efectos militaristas". Para el analista, se trata de operaciones que no pueden realizarse "todos los días a toda hora", por lo que su efecto mayor es el mensaje que da a la población.
En ese sentido, consideró que el objetivo de detener cabecillas y desmantelar a las bandas criminales es "bastante acotado" por la propia capacidad de estos grupos de rearmarse y modificarse continuamente.
Por eso, Pontón entiende que tanto en estos primeros meses de gestión de Noboa como los últimos de su antecesor, Guillermo Lasso, se demostró que el recurso militar "nunca dio mucha claridad" en la lucha contra el crimen, dado que "se trata de un tema que traspasa al ámbito militar".
"El problema es que movilizar una fuerza militar es muy distinto que mover un contingente policial, que ya está en el territorio. Por un tema logístico costó poner a los militares en el control de las carreteras y al haber un número limitado de efectivos hay un desgaste físico en el patrullaje", argumentó el especialista.
Pontón apuntó que, en ese contexto, en algunas zonas del país hay poblaciones que volvieron a reclamar "mayor presencia policial porque los militares no dan abasto".
El experto sostuvo además que los militares suelen actuar bajo "una lógica de ocupación de un territorio", una filosofía que si bien puede contener los grandes focos de violencia, pueden convertir determinadas zonas en "una guerra permanente" si no se acompaña con otras actuaciones estatales.
"Bajo el concepto de ocupación de territorios estamos destinados a tener una guerra permanente, porque la población se siente ocupada y no legitima esa acción militar y los militares tampoco confían en esas poblaciones. En esa especie de rechazo mutuo el que pulula es el crimen organizado", ilustró.
Para Pontón, con ese tipo de acciones "el Estado siempre va a perder" dado que sus ocupaciones territoriales serán "siempre temporales" a menos que se encuentren maneras de generar "institucionalidad" a largo plazo. Al respecto, destacó la necesidad de realizar una "gra intervención estatal con servicios sociales y urbanísticos" en las zonas en las que las fuerzas de seguridad avanzan contra el crimen organizado.
A eso se suma algunos errores identificados por el analista en el accionar de las fuerzas. Si bien desestimó que existan abusos de poder sistemáticos, Pontón recordó que las Fuerzas Armadas comenzaron sus operativos, divulgado videos en los que se veía a jóvenes siendo detenidos y "humillados" por agentes.
"Entiendo que fue una estrategia disuasiva para generar un mensaje a la juventud de lo que le puede pasar si se une a bandas criminales, pero hasta el momento fue una muy mala idea porque comenzó a ser repudiado por ciertas poblaciones y eso frenó que las fuerzas militares puedan tener mayor rédito", argumentó.
De todas maneras, el experto valoró la importancia de la acción militar en operaciones puntuales contra "bandas criminales con armamento pesado", en las que se requiere una respuesta "proporcional a la amenaza". Para el analista, los primeros días de enero, cuando se declaró el estado de guerra interno, tuvieron efectos importantes en ese sentido que, sin embargo, comenzaron a "agotarse" con el paso de las semanas.
La participación de las Fuerzas Armadas en el combate es tema de la primera pregunta de la consulta popular del 21 de abril. Tras una frase introductoria en la que se recuerda que las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía "a menos que exista una declaratoria de estado de excepción", la consulta introduce la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?".
Para Pontón, la pregunta será aprobada "con holgura" por la población, incluso a pesar de que algunas otras interrogantes no resulten favorables a Noboa. En ese marco, aventuró que el presidente ecuatoriano "va a insistir" en la participación de los militares en la seguridad interna porque "ha sido parte de su estrategia".
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