La organización barrial Tupac Amaru que lidera Sala reclamó en la marcha "el fin de la persecución política y la libertad de todos los presos políticos" que, a su juicio, tiene el Gobierno de Mauricio Macri, a quien consideran responsable.
En una medida cautelar el pasado 23 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Gobierno argentino que sustituyera la prisión preventiva de la dirigente social indígena por el arresto domiciliario.
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En julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió por primera vez una medida cautelar a favor de la libertad de una persona en beneficio de Sala.
Tras visitarla una delegación del organismo en el centro penitenciario en el que estaba alojada, la CIDH recomendó su detención domiciliaria.
Contexto
Milagro Sala, líder de la organización barrial Tupac Amaru, fue detenida en el penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia, el 16 de enero de 2016 por un acampe de protesta que realizó en 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador de la provincia.
Tras pasar 44 días en una vivienda a las afueras de la capital jujeña, que era vigilada por las fuerzas de seguridad, Sala volvió a la cárcel por decisión de la Cámara provincial de Apelaciones, que revocó la prisión domiciliaria el 29 de septiembre.
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En diciembre de 2015, la dirigente fue elegida como legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), pero no pudo asumir su escaño por estar en prisión.
La Corte Interamericana es el órgano judicial autónomo que debe velar por el cumplimiento de la Convención Americana, conocida como Pacto de San José y pilar del sistema interamericano de derechos humanos.