"La República Bolivariana de Venezuela, rechaza de manera firme y categórica la apertura de un Examen Preliminar de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional", expresó la cancillería mediante un comunicado.
A pesar de ello, el texto señala que las autoridades del país caribeño aseguran a la CPI su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados en el comunicado, al tiempo que está en la disposición de suministrar información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional.
"Venezuela resalta que la Corte Penal Internacional y sus órganos, incluida la Fiscalía, según establece claramente el Estatuto de Roma (…) solo podrá conocer aquellos casos en que un Estado se niegue a investigar o judicializar una situación de las que son competencia de la Corte, lo cual no es el caso venezolano", expresa el texto.
Este examen preliminar analizará los delitos supuestamente cometidos por el Estado desde abril de 2017, en el marco de las protestas contra el Gobierno que dejaron 146 muertos, entre los cuales hay manifestantes, transeúntes y funcionarios de las fuerzas de seguridad.