"Esta inversión fue inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad", señala la ONU.
Según el informe, es especialmente grave "el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad (…) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social".
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"El Comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea", señala el documento.
Es por ello que el Comité "urge a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos".