España

Funcionarios ven insostenible la situación en Cataluña tras la intervención del Gobierno

BARCELONA (Sputnik) — La asociación de funcionarios de la administración pública catalana Servidors Públics de Catalunya —también conocida como Servidors.cat— entregó al Parlamento de Cataluña un informe actualizado sobre los problemas que la intervención del Gobierno español ocasiona a la gestión pública.
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La presidenta de Servidors.cat, Yolanda Hernández, ha asegurado a la prensa tras reunirse con el presidente de la cámara, Roger Torrent, que la "lentitud en la toma de decisiones" se traduce en una parálisis "que no se puede aguantar más".

El rompecabezas catalán, en un callejón oscuro
Señaló como ejemplo la existencia de programas públicos que estaban previstos y actualmente están suspendidos, en particular los relativos a la promoción del catalán entre colectivos de inmigrantes y mujeres.

Los funcionarios agrupados en Servidors.cat también expresaron su incomprensión ante la política de contratación del Gobierno español.

"No sabemos el motivo por el cual se toman unas decisiones y otras no", afirmaron a la prensa.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

​Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

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Gobierno español: la situación catalana no se ve en el exterior como un problema
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.

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