La CAN consideró que la tasa de servicio de control aduanero constituye "un gravamen conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los países miembros" y, por lo tanto, "vulneraría el Programa de Liberación de la Comunidad Andina", dice una resolución del bloque.
Este impuesto fue dispuesto por el Gobierno ecuatoriano en noviembre de 2017 y consiste en 0,10 dólares por cada unidad importada con el fin de combatir el contrabando y la defraudación.
El impuesto se determina en función del peso y de la unidad de medida que se use para cada producto.
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Hasta el 20 de abril pasado, por virtud de esta tasa el Estado había recaudado 25 millones de dólares.