Según dicho informe, al que tuvieron acceso los medios locales, el Gobierno de Carles Puigdemont comprometió 3,26 millones de euros a la consulta, de los que pagó 1,5 millones y tiene todavía pendientes de abonar 1,66 millones.
La Guardia Civil envió el informe el pasado 11 de mayo al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, quien lo remitió a su vez al Tribunal Supremo el 21 de mayo.
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Los dos juzgados investigan si el Gobierno de Cataluña destinó durante la pasada legislatura dinero público al referéndum, por lo que, tras ser declarado éste inconstitucional por la Justicia española, el gabinete sería responsable de un supuesto delito de malversación de fondos públicos.