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"En Nicaragua vamos a tener que enfrentar las consecuencias de la ruptura del tejido social"

MONTEVIDEO (Sputnik) — Una vez que culmine el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, la población deberá recomponer el tejido social que ha destruido la actual administración, dijo en entrevista con Sputnik la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) de ese país, Vilma Núñez.
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"En Nicaragua, incluso cuando termine el gobierno de Daniel Ortega, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de la ruptura del tejido social que esto está desarrollando", lamentó la activista.

Núñez se encuentra en Montevideo con motivo de la presentación de un informe de Amnistía Internacional sobre la situación política en el país centroamericano.

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El Gobierno está usando a la población "para que se convierta en el enemigo agresor de sus propios vecinos", lo que en su opinión, supera lo que hicieron las dictaduras que gobernaron varios países de América Latina durante las décadas del 70 y del 80.

"Es completamente inaceptable lo que está pasando, está fuera de toda lógica; creo que ha superado las formas tradicionales de violar los derechos humanos de las dictaduras", dijo Núñez.

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La presidenta del Cenidh añadió que "los métodos así conocidos, brutales, de violar los derechos humanos que han tenido las dictaduras en América Latina están siendo superados, porque aparte de esa brutalidad, están siendo acompañados con actos completamente perversos".

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Núñez caracterizó la situación de su país como "bien difícil, bien incierta", y sostuvo que la vida cotidiana está marcada por el temor, en especial luego de que baja el sol.

"En este momento la represión ha cogido una nueva modalidad, que es andar sacando a la gente en la noche de sus casas y se los llevan", dijo Núñez.

La activista añadió que "en Nicaragua ya no hay vida nocturna, por temor; es que generalmente esta gente está actuando de noche, y es cuando hay más inseguridad. A veces parecen ciudades fantasma; hay prácticamente un estado de sitio de hecho; nos tienen sometidos a un estado de sitio", denunció. 

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Muertes y desapariciones

Según el más reciente informe del Cenidh, las protestas iniciadas el 18 de abril en Nicaragua han dejado al menos 302 muertos.

"Una de las cosas más difíciles, y como defensores de derechos humanos es una agresión a nosotros, es estar contando muertos; uno se acerca al ordenador para empezar a hacer el trabajo, entonces piensa: 'ay, Dios mío, ojalá que no haya uno más, ojalá no compruebe esta información'", contó Núñez.

La activista se refirió a las diferencias en las cifras de fallecidos entre su organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuenta 295 muertos, y la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que asegura que son 448 las personas que murieron desde el 18 de abril.

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"Hemos logrado documentar 302 fallecidos, y como organismo de derechos humanos somos muy cuidadosos, cuidamos mucho nuestro prestigio, pensamos que la gente se merece la verdad, y por eso quizás somos de las tres organizaciones la que tiene menor número", explicó la presidenta del Cenidh.

El Gobierno de Nicaragua afirma por su parte que los muertos son 195 y que las demás estimaciones son resultado de "manipulaciones".

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Núñez dijo que hay al menos unas 600 personas en prisión, a las que calificó de "presos políticos", y entre "treinta y tantos y cuarenta y tantos" desparecidos, algunos desde los primeros días de las protestas.

Diálogos

El 16 de mayo pasado comenzó en Nicaragua un diálogo entre representantes del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica, pero fue suspendido poco después por la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal, mediadora en esta instancia, por falta de consenso entre las partes.

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Sin embargo, el diálogo se retomó el 15 de junio pasado luego de que la Conferencia Episcopal recibió una respuesta del Gobierno a la propuesta de democratización que le había hecho.

Para Núñez, Ortega en "ningún momento ha visto el diálogo como una posibilidad de arreglar la situación de Nicaragua", y aceptó dialogar porque pensó que la Conferencia Episcopal iba a estar "subordinada y él iba a manipular la posibilidad del diálogo".

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Días atrás, en una entrevista con la cadena CNN, el presidente de Nicaragua anunció que prevé "incluir a otros actores en el diálogo para fortalecer lo que viene haciendo la Iglesia", sin precisar de quiénes se trata.

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Núñez sostuvo que el mandatario quiere incorporar a dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista, con el que pactó para alcanzar la presidencia en las elecciones de 2016.

Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El Poder Ejecutivo atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando", mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.

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El 1 de agosto, Núñez participa en Montevideo de la presentación del informe de la organización Amnistía Internacional "Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua", que fue divulgado originalmente el 29 de mayo en Managua.

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