El Tribunal sigue la recomendación de la Fiscalía, que pedía esa cantidad por supuesta "responsabilidad contable" al usar fondos públicos para organizar la consulta, que fue suspendida previamente por el Tribunal Constitucional.
En la consulta del 9 de noviembre, denominado "proceso participativo", participaron más de 2,3 millones de personas que respondían a esta pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".
La participación rozó el 40% y el 80% de los participantes votaron "sí".
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El tribunal también condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a pagar 865.674 euros, al exconsejero de Presidencia y portavoz Francesc Homs a 1.979.063 euros y a la exconsejera de Educación Irene Rigau a pagar 2.800.735 euros, por la cesión de colegios para la consulta.
En su defensa, los antiguos cargos catalanes negaron estas acusaciones y afirmaron que nunca usaron "fondos públicos".