"La sentencia es una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas. La recurriremos", anunció el expresidente catalán y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau en un comunicado.
Esta consulta se produjo tres años antes del referéndum del 1 de octubre.
Los exmandatarios consideran que esta sentencia "se encuentra muy lejos de la imparcialidad" y pretende ser "un escarmiento" y "un aviso a navegantes" para futuras ocasiones.
"No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta", señalan.
En su defensa, los excargos catalanes negaron estas acusaciones y afirmaron que nunca usaron "fondos públicos" de forma irregular.
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"El gobierno de la Generalitat ha dejado claro que no se siente perjudicado económicamente y que los gastos del 9N fueron legales", señalan en el comunicado.
La participación rozó el 40% y el 80% de los participantes votaron "sí".
El tribunal condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros; a la exvicepresidenta Joana Ortega a pagar 865.674 euros, al exconsejero de Presidencia y portavoz Francesc Homs a 1.979.063 euros y a la exconsejera de Educación Irene Rigau a pagar 2.800.735 euros, por la cesión de colegios para la consulta.