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Pamela Anderson sale en defensa de la huelga de hambre de los independentistas catalanes

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — La actriz canadiense Pamela Anderson se convirtió en uno de los inesperados apoyos a la huelga de hambre de cuatro dirigentes independentistas catalanes encarcelados a raíz del proceso soberanista.
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La actriz, conocida por su papel en la serie de televisión de 'Los vigilantes de la playa', se hizo eco de la protesta en su cuenta en la red social Twitter al retuitear un mensaje de un usuario con un vídeo de la diputada del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) Míriam Nogueras explicando los motivos de la huelga de hambre.

​Anderson contestó a este mensaje difundiendo la página vagadefam.cat, un contador con los días que los presos llevan en huelga de hambre y que también recoge las adhesiones a su denuncia.

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El 1 de diciembre el exconsejero de Presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán) Jordi Turull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez se declararon en huelga de hambre en protesta por los obstáculos que en su opinión la Justicia española interpone en su proceso, que tachan de injusto.

El 3 de diciembre el exconsejero de Interior Joaquim Forn, y el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, anunciaron que se sumaban a la huelga de hambre.

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Este 4 de diciembre la huelga de hambre entra en su cuarto día.

"Hoy, 4 de diciembre, inicio una huelga de hambre para denunciar el bloqueo arbitrario e irregular del Tribunal Constitucional, que me impide el acceso a la Justicia europea", publicó el Twitter de Rull, gestionado por terceros.

​El político independentista también trasladó su agradecimiento "por las muestras de apoyo y solidaridad, porque sin ellas no sería posible".

Varios líderes políticos y sociales del independentismo catalán, entre ellos varios miembros del anterior Ejecutivo de Carles Puigdemont, se encuentran desde hace más de un año en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga, a la espera de ser juzgados por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos relacionados con el proceso soberanista, en particular con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

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