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La Justicia argentina exonera a un empresario vinculado a una red de coimas

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito de Paolo Rocca, uno de los más importantes empresarios del país como dueño del Grupo italoargentino Techint, en la causa que investiga una red de sobornos durante el Gobierno anterior.
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"La Cámara Federal revocó el procesamiento y le dictó la falta de mérito al empresario Paolo Rocca", adelantaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik. 

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El ejecutivo, propietario de la multinacional referente en construcción, en ingeniería y en el sector energético, había sido procesado en noviembre pasado por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro, y por cohecho activo en calidad de autor.

Rocca fue además embargado por 4.000 millones de pesos (105 millones de dólares) por el juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadío.

Pero la Cámara Federal revirtió el fallo del magistrado y dictó su falta de mérito, una figura que no es definitiva y que se establece cuando no hay pruebas suficientes para dictar el procesamiento o para sobreseer a la persona imputada.

Rocca bajo sospecha

Durante su declaración indagatoria ante el juez el pasado 6 de octubre, Rocca aseguró que no tuvo conocimiento del pago de supuestos sobornos a funcionarios del Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

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El empresario señaló durante su interrogatorio a uno de los directores de Techint ya procesado, Luis Betnaza, como el responsable de los sobornos que se habrían pagado a miembros de la anterior administración a cambio de obtener contratos de obra pública.

Rocca sostuvo que los sobornos ordenados por Betnaza fueron ejecutados por otro exdirectivo de Techint, Héctor Zabaleta, que figura como arrepentido en la causa y con falta de mérito, situación apelada por los fiscales.

La ley del arrepentido, vigente desde noviembre de 2016, avala la reducción de pena para un imputado que brinde información relevante en una causa judicial en curso.

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En esta investigación están procesadas otras 40 personas, entre empresarios y funcionarios del Gobierno de Fernández, incluida la expresidenta.

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El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre destacados empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.

De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaron sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

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Bonadío los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno.

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