"Al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de no repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía 996", señala una nota oficial publicada por el portal gubernamental 19Digital.
Para ello, cada parte elaboró sendas listas de personas a liberar, cotejadas y entregadas para su revisión al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el acompañamiento del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el exministro uruguayo Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Tras la excarcelación de varios grupos de detenidos, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó el pasado 8 de junio una Ley de Amnistía que posibilitó liberar entre los días 10 y 11 de este mes al resto de los detenidos durante las protestas contra la administración de Daniel Ortega.
"El Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos cumplido a nuestro pueblo y a la comunidad internacional, según los compromisos contraídos", concluye la nota oficial.
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Pero la oposición y organizaciones de derechos humanos insisten en que los detenidos no violaron la Constitución, que garantiza el derecho a manifestarse, y acusan al Gobierno de Ortega de reprimir libertades civiles.
Sin embargo, en un comunicado el 12 de este mes la CIDH manifestó "preocupación por la Ley de Amnistía (…), cuyo contenido ambiguo y amplio puede dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos que han sido ampliamente documentadas, evitar el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como restringir los derechos y garantías de la sociedad nicaragüenses contenidos en la Convención Americana" de Derechos Humanos.
Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración de Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno dijo el 9 de abril que mantenía reuniones informales con los delegados de la oposición, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en puntos medulares de su agenda.