Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el recientemente electo de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron conjuntamente un acuerdo de cooperación como parte del lanzamiento del plan para Centroamérica, iniciativa con la que el Gobierno mexicano pretende disminuir la cantidad de personas que están nutren el flujo migrante al norte.
El convenio implica el envío de 30 millones de dólares al 'pulgarcito' de Centroamérica para que replique el plan 'Sembrando vida'. Este programa tiene como objetivo la plantación de árboles frutales y maderables en 50.000 hectáreas de El Salvador, como una manera de "contener" su aporte a la cifras de migrantes que llegan a la frontera norte de México, con las que Donald Trump viene alimentando su retórica y amenazando a su vecino latinoamericano.
Sin embargo, los refugiados o solicitantes de asilo en México no son contemplados por el programa estrella "de desarrollo" del sureste mexicano y Centroamérica.
Además de soportar plazos demasiado extensos sin recibir información clara acerca de su proceso, los refugiados sólo reciben en México un apoyo económico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante tres meses, por lo que dependen de los albergues de la sociedad civil para evitar dormir en las calles y plazas mexicanas.
Un sistema colapsado
En marzo, la revista Proceso publicó que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) tenía 33.650 solicitudes de asilo pendientes de resolución, mientras que las de 2019 no superaban aún los 13.000. Pero según datos publicados por Pie de página, entre enero y mayo de 2019, la Comar recibió 24.424 nuevas solicitudes, a razón de unas 160 por día.
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México, como muchos otros países del mundo —EEUU incluido— han asumido la obligación internacional de atender las solicitudes de asilo, refugio o protección complementaria (otorgada generalmente a los niños) de las personas que llegan a su territorio temiendo por su vida en su país de origen. Debido a ese miedo, pueden solicitar protección a viva voz ante cualquier autoridad migratoria.
A pesar del aumento en estas cifras, el presupuesto de la Comar ha sido disminuido paulatinamente, hasta alcanzar los 20 millones de pesos mexicanos —poco más de un millón de dólares al cambio actual— para 2019.
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Hay sólo tres oficinas y delegaciones de la Comar en todo el país para atender esta situación, que no ha sido contemplada en los nuevos planes del Gobierno mexicano, presionado por el de EEUU para reducir la cantidad de gente que llega a su territorio y para que eventualmente, los absorba a todos a través de un mecanismo llamado 'tercer país seguro'. Esta condición convertiría a México en el tapón del movimiento migrante del continente.
Esperas desesperantes
En una pequeña plaza pública de la colonia Pakal-na, en Palenque (Chiapas), esperan unas 100 personas, aprovechando la sombra de los árboles o el momento de distracción que brindan los juegos y aparatos para ejercitarse. Aunque oficialmente la Comar debe dar una respuesta en un máximo de 90 días, rara vez logra cumplir ese plazo.
"Es un proceso demasiado lento", contó a Sputnik una mujer hondureña, solicitante de asilo en México, junto a su hijo pequeño.
Luego del registro de la solicitud y frente a las demoras de la Comar, la persona interesada en conseguir asilo debe firmar semanalmente en la misma oficina en dónde inició el trámite. Como están en un limbo, estas personas tampoco tienen posibilidad de trabajar para sostenerse en México.
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"Nos pagan 100 pesos [5 dólares] por día en la construcción sin papeles", explicó a Sputnik un hondureño de 36 años.
El migrante explicó que, por no tener documentos, reciben un pago de hambre, ya que no se llega a cubrir ni siquiera los 200 pesos (10 dólares) para acceder a una pequeña habitación donde pasar la noche.
"Con 100 pesos y dos niñas, ¿qué hago?", replicó.
Varios de las personas que conversaron con Sputnik expresaron su voluntad de trasladar su trámite al norte de México, donde tienen contactos u ofertas de trabajo. Sin embargo, la autoridad no se los permite.
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Contrario a la imagen ampliamente difundida de la migración centroamericana "sin registro alguno", buena parte de los presentes tenían documentos de su trámite iniciado ante la Comar o ante el Instituto Nacional de Migración, que les ofrece una visa de trabajo recortada, que sólo les permite quedarse en los estados del sur y sureste mexicano.
Entre las personas que conversaron con Sputnik, había una amplia variedad de plazos de espera medidos en firmas, que se rubrican una vez por semana en las oficinas oficiales. Mientras algunas familias llevaban ya cuatro semanas de espera, había al menos otros dos jóvenes solicitantes de refugio en México que llevaban ya 28 firmas esperando la resolución de su solicitud.
"Cuando pregunté en la oficina, la funcionaria me dijo: 'podés llevar 200 firmas y a nosotros qué’. Lo que pedimos es que se agilice el trámite y que no nos miren como bichos cuando vamos", explicó el joven a Sputnik.
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En ese plazo, no reciben ningún apoyo oficial, ni económico ni de estancia, por lo que deben resolver por sí mismos dónde vivir y qué comer en un país ajeno, en el que no tienen documentos para trabajar legalmente.
"Ayer descargué 1.000 bolsas de un camión y me pagaron 70 pesos [3,67 dólares], por todo el día", agregó el joven.
Sólo ACNUR les brinda una tarjeta prepaga con un apoyo financiero de unos 3.000 pesos mexicanos (unos 150 dólares) al mes durante el plazo legal establecido para obtener respuesta a su pedido de refugio en México: tres meses. Sin embargo, la espera es mucho más larga y nadie tiene asegurado qué va a hacer una vez que este dinero se termine.