En dicho informe, la Fiscalía General aboga por realizar "una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema".
El documento, encargado por el propio Ministerio de Justicia, pide que la Administración española abandone su pasividad en este tipo de casos.
Para ello, el Ministerio Público aboga por copiar modelos como los de Australia u Holanda, donde se crearon comisiones nacionales para investigar casos de abusos.
El informe pone blanco sobre negro en los problemas de la Justicia española para contabilizar los casos de abusos relacionados con la Iglesia.
A modo de aproximación, el Ministerio Público afirma que en 2017 se presentaron 965 escritos de acusación relacionados con abusos a menores en la Iglesia, una cifra que asciende a 1.091 en 2018.
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Sin embargo, el informe recuerda que no existe una base de datos específica en España para contabilizar los casos relacionados con abusos en la Iglesia, ya que los expedientes quedan registrados en la categoría de abusos a menores sin especificar en qué ámbito se produjeron.