"Entre 2013 y 2018, se gastaron 575.000 millones de pesos (30.000 millones al cambio actual) más de lo aprobado, es decir, un incremento de 74% del presupuesto aprobado por los diputados", para esa "caja negra", dice el informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta bolsa de gasto discrecional se llama en el críptico lenguaje legislativo mexicano "Ramo General 23", una parte del gasto público que se discute entre bambalinas con provisiones salariales y económicas fuera del escrutinio público.
"No solo los diputados incrementan esta bolsa de recursos, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal", indica el reporte.
El presupuesto de la federación mexicana que propuso el Poder Ejecutivo en los últimos 10 años casi no sufrió modificaciones por parte de los diputados.
En promedio cambiaron un insignificante 1,14%, afectando 43.000 millones de pesos (unos 2.250 millones de dólares actuales), dicen los expertos en transparencia autores del informe.
Sin embargo, el misterioso "Ramo 23" recibe muchos más cambios, lo que quiere decir más gasto opaco.
En efecto, los diputados subieron en 37%, es decir 34.000 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares), el presupuesto para este ramo.
El gigantesco gasto público de Estado mexicano ronda los 250.000 millones de dólares anuales, y los organismos anticorrupción estiman que si el 10% se va en corrupción se perderían por lo menos 25.000 millones de dólares al año.
"El Ramo 23 entrega recursos a entidades y municipios mediante fondos que no tienen lineamientos ni criterios de asignación", dice la investigación.
De 2013 a 2018, los diputados etiquetaron bajo este ramo carente de transparencia "obras muy específicas en las comunidades que representan con una aparente intención de promover su imagen política", denuncia el informe de MCCI.
Además, la cartera de Hacienda modifica los montos aprobados por los diputados "sin volverlos a consultar", agrega la investigación.
Eso le permite disminuir el presupuesto autorizado para algunos fondos y "obras etiquetadas" que ya no se realizan.
Además, el Gobierno federal puede, mediante ese mecanismo, "destinar muchos más recursos a fondos que no tienen definido un objeto de gasto", dice MCCI.
En otras palabras, "no está claro en qué puede gastarse ese dinero y en qué no", agrega.
"Por cada 100 pesos aprobados por el Legislativo (para ese rubro), el Ejecutivo en realidad entregó 188 pesos a los gobiernos locales", con lo que el Rubro 23 es una gran caja negra del presidente de turno.