"Es necesario realizar una investigación rápida, transparente e independiente sobre cómo murieron todas estas personas y las causas de tantas víctimas", dijo Bachelet.
La Alta Comisionada agregó que su oficina recibió varios informes de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Bachelet también pidió a las autoridades sudanesas que levanten las restricciones de acceso a internet.
Las protestas multitudinarias del 30 de junio en Sudán desembocaron en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad y provocaron siete muertos y unos 200 heridos, entre ellos agentes de seguridad.
El pasado 3 de junio, las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales en Sudán procedieron al violento desalojo de la acampada que la oposición mantenía frente al Comando General de las Fuerzas Armadas y que las autoridades militares calificaron de amenaza a la seguridad nacional.
Ante el fuerte rechazo que el uso de la fuerza provocó dentro y fuera de Sudán, los militares alegaron la necesidad de capturar a criminales supuestamente infiltrados en la acampada, asegurando que los manifestantes podrían volver a la plaza varios días más tarde.
La oposición, por su parte, instó a los sudaneses a comenzar una campaña nacional de desobediencia cívica exigiendo que el Consejo Militar de Transición (CMT) de Sudán, formado tras el derrocamiento del presidente Omar al Bashir, a mediados de abril pasado, ceda inmediatamente el poder a un gobierno civil.