"Quiero separar estas medidas, que son decisiones aisladas, que no tiene que ver de manera directa con el tratado de libre comercio [T-MEC]", dijo el mandatario en conferencia de prensa.
Acerca de las medidas anunciadas el 8 de julio en Washington, el jefe de Estado explicó que las tarifas "tampoco tienen que ver con la resolución de quitar aranceles al acero y el aluminio, como se logró en días pasados que fue de otra naturaleza".
Esa negociación fue determinante para que el Congreso de México ratificara el nuevo T-MEC, que aún analizan el Capitolio estadounidense y el Parlamento canadiense.
En cambio, las nuevas tarifas por hasta 74,01% se originan en una investigación que el departamento de Comercio comenzó el 4 de enero de 2019 contra México, China y Canadá, a solicitud del organismo estadounidense American Institute of Steel Construction Full Member Subgroup, enfocado en el sector siderúrgico y con sede en Chicago.
La Casa Blanca impuso "cuotas compensatorias" a sus importaciones de acero estructural originario de México y China, pero no a Canadá.
"Tengo buena relación con el presidente [Trump], tengo confianza en que vamos a poder enfrentar este nuevo desafío en cuanto a la exportación del acero y el tomate", dijo López Obrador a añadir a su posicionamiento otro litigio pendiente que involucra a exportaciones mexicanas.
Este tipo de investigaciones se realiza cuando una industria se siente afectada por importaciones que considera "prácticas desleales", como 'dumping' (bajos precios subsidiados).
La Casa Blanca anunciará su determinación final alrededor del 19 de noviembre próximo, y si el caso es denegado, las tarifas retenidas serían devueltas a las empresas exportadoras mexicanas, que el año pasado vendieron al país vecino acero valorado en 622 millones de dólares.
El Gobierno de México considera que las nuevas tarifas tampoco guardan relación con la amenaza de imponer aranceles a todas las exportaciones de México a EEUU anunciada por Trump el 30 de mayo pasado si no cesaba el flujo migratorio en su frontera sur.
Esos aranceles fueron evitados tras un acuerdo migratorio alcanzado el 7 de junio en Washington, mediante el cual México se comprometió a controlar la migración masiva de indocumentados por su frontera sur, desplegando 6.000 guardias nacionales, entre otras acciones.