El canciller Marcelo Ebrard anunció los resultados del acuerdo entre ambos gobiernos del 7 de junio pasado, tras reunirse en la capital mexicana con el secretario de Estado Mike Pompeo.
De las 3.889 personas que entraron a EEUU por México el día en que se firmó el acuerdo, se ha registrado un descenso de 36,2% en el conteo diario. El 13 de julio, la cifra se situó en 2.652 personas.
El acuerdo significó un giro en la política migratoria mexicana que ha desplegado a la recientemente creada Guardia Nacional para "buscar que se cumpla la ley" y se regitre a todos los migrantes que pasen por su territorio.
Además, se formalizó que —de manera unilateral— EEUU regrese a México a los solicitantes de asilo para que esperen la finalización del trámite, lo cual resultó una manera de cansar a la gente para "hacerla desistir de su solicitud", según una de las fuentes consultadas por Sputnik.
Según el canciller, 19.111 solicitantes de asilo en EEUU han sido enviados a México en lo que va del año, de los cuales 28.226 personas —mayormente centroamericanos— han pedido el retorno a sus países.
Los resultados, sin embargo, vinieron acompañados de una mayor conflictividad en la frontera.
Una frontera difícil
En Tijuana (Baja California Norte), el despliegue de la Guardia Nacional causó roces con las organizaciones civiles locales que denunciaron el hostigamiento de los militares en los albergues, hasta entonces un lugar seguro para la población migrante.
"Además de los rondines en algunos puntos específicos de Tijuana, que entiendo que no son negativos, los hacían también en los diferentes albergues de la ciudad", dijo a Sputnik José María García, integrante de la Alianza Migrante – Tijuana y encargado del albergue 'Juventud 2000' en esa ciudad fronteriza.
"La gente andaba asustada, confundida, pensando que la autoridad podría meterse a los albergues", dijo.
Las organizaciones denunciaron públicamente este hostigamiento, buscando su cese. No hubo, sin embargo, ningún acercamiento con los mandos encargados de la Guardia Nacional en Baja California.
"Si iban a hacer este tipo de operativos de chequeo de papeles de la comunidad extranjera, antes de iniciar estas acciones, se debería haber hecho una convocatoria para quienes quedaron varados en alguna parte de nuestro país para darles la oportunidad de regularizarse y después implementar esos operativos", sostuvo la fuente.
García explicó que es notoria la disminución de gente que ha llegado a esa ciudad norteña, como indicó el canciller Ebrard. Sin embargo, puntualizó que siguen llegando, aunque en grupos más pequeños.
"Siguen llegando africanos, como los que se manifestaron en la garita (paso fronterizo) de El Chaparral", en la que denunciaron ser discriminados en la lista de espera para solicitar asilo en EEUU.
En cuanto a los centroamericanos solicitantes de asilo retornados de EEUU, García explicó que el Gobierno Federal mexicano está construyendo en Tijuana un albergue con capacidad para 3.000 personas que estén en esta situación, pero aún no ha sido habilitado.
"La comunidad empezó a ser retornada desde enero a nuestra frontera —a Tijuana, Mexicali y a ciudad Juárez— sin haber firmado el convenio de colaboración, eso vino después", sostuvo la fuente. Es decir: primero vino la práctica y luego, la norma.
Si bien para García esta nueva política es la manera mediante la que el Gobierno Federal mexicano "está haciendo lo que le corresponde para regular a la comunidad que viene al norte del país, recalcamos que se respeten sus derechos humanos", explicó.
"Hay que tener mucho cuidado para que los futuros operativos de la Guardia Nacional junto a Migración no se salgan de control con la población que está buscando mejores oportunidades", concluyó.
Acuerdo sobre 'Tercer país seguro' no estuvo sobre la mesa
Según el canciller Ebrard, la presión por firmar un acuerdo de 'Tercer País Seguro' no estuvo en esta reunión mantenida con Pence. El New Yorker publicó que esta pretensión se ha trasladado a Guatemala.
En 45 días, el Gobierno mexicano tendrá una segunda evaluación en Washington.