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Excandidata presidencial de Guatemala acusada de asociación ilícita y delitos electorales

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Juzgado de Mayor Riesgo A de Guatemala determinó que la excandidata presidencial Sandra Torres sea llevada a juicio por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado en 2015.
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"Esta judicatura de alto impacto, en cuanto al tipo penal de asociación ilícita, dicta auto de procesamiento en contra de Sandra Julieta Torres Casanova, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal", sentenció la jueza Claudette Domínguez, titular de la referida Corte.

La jueza también ligó a proceso penal a Torres por el tipo penal de financiamiento electoral no registrado, contenido en el artículo 407 del Código Penal, al considerar que sí existen los indicios para considerar su posible participación en hecho delictivo.

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Domínguez aceptó 22 de 300 medios de convicción presentados por el Ministerio Público, y rechazó más de la mitad de las pruebas presentadas, pues aludían a personas que ya habían solventado su situación jurídica.

Según el fallo, Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero para la organización política que representaba, la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE), sin reportarlas al Tribunal Supremo Electoral.

La corte analizó durante casi cuatro semanas los medios de convicción (indicios) de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, así como las pruebas de descargo presentadas por el equipo legal de la exprimera Dama.

La magistrada también ordenó investigar a la Contraloría General de Cuentas por no haber indagado de manera adecuada en el financiamiento electoral de la UNE, así como la filtración de un audio incriminatorio de la imputada.

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La defensa de Torres cuestionó que fuera la FECI y no la sección de Delitos Electorales quien impulsara el proceso contra la candidata de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE), quien perdió las presidenciales en segunda vuelta ante Alejandro Giammattei.

Torres se entregó a las autoridades el pasado 2 de septiembre, tras perder su inmunidad electoral, y ha pasado parte de su detención hospitalizada por presuntos problemas cardíacos, una evaluación de psiquiatría descaró episodios depresivos.

La defensa ya adelantó que solicitará arresto domiciliario, lo cual restringiría su nivel de influencia sobre la UNE, cuyos diputados ya comienzan a tomar distancia de Torres en aras de una renovación de la formación socialdemócrata.

Según investigaciones del Ministerio Público, UNE habría recibido de manera irregular cerca de 27.7 millones de quetzales (unos 3.5 millones de dólares), los cuales no fueron reportados ante el Tribunal Supremo Electoral.

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