"Cualquier invocación de esta naturaleza está completamente fuera del marco jurídico y habrá que entender que algo así es inaceptable. No hay forma que algo así pueda ampararse en el marco jurídico que tenemos", afirmó Percy Castillo, funcionario de la Defensoría en declaraciones al medio.
Castillo indicó que la Constitución peruana prohíbe que una persona se vea obligada a abandonar su lugar de residencia, así como limitar su libertad de tránsito.
Asimismo, invocó a "reflexionar" a las personas que vulneren derechos humanos como la no discriminación por motivo de origen étnico, creencias religiosas, identidad sexual o nacionalidad.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR), la ciudad peruana en la que los inmigrantes se sienten más discriminados es Arequipa (sur), donde un 72% de venezolanos residentes manifiesta ser víctima de esta forma de violencia, seguida por Tacna (sur, frontera con Chile) con un 67% y Cusco con 62%.