"Le he ratificado al presidente de la Conmebol [Confederación Sudamericana de Fútbol] nuestro firme compromiso y voluntad de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país", informó la ministra de Deporte, Cecilia Pérez.
A pesar de que algunas reuniones internacionales importantes se cancelaron en Chile debido a las masivas protestas ciudadanas, el Gobierno decidió mantener el partido entre el equipo argentino y el brasileño, que se jugará el 23 de noviembre en el Estado Nacional de Chile.
Aunque la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile ha suspendido ya dos jornadas del campeonato local por las movilizaciones que tomaron las calles chilenas los últimos días, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) garantiza que el partido que definirá el campeón de la Libertadores se realizará en Santiago el 23 de noviembre.
Las entradas para el encuentro entre el equipo brasileño Flamengo y el club argentino River Plate ya se han empezado incluso a vender para los socios de los combinados. Hoy, 30 de octubre, se puso a venta el primer lote de 25.000 boletos para el esperado juego.
Pocas horas más tarde, sin embargo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la cancelación de la próxima cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la 25 Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debido al tenso clima social y político que vive el país.
Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, afirmó el 29 de octubre que la "Conmebol está informada de la situación actual en Chile", y agregó que "hay un contingente dispuesto de la Conmebol en Santiago, también hay reportes de distintas autoridades y reportes de la Federación de Chile hacia la Conmebol".
"Hay un compromiso de que se juegue en Chile, pero hay que ser realistas en el sentido de que hay que ir midiendo los hechos que se desarrollan día a día en la sociedad. Esperamos la normalización y hay una realidad nacional más importante que el fútbol", consideró Sebastián Moreno en una conferencia de prensa.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.
Para imponer el orden, Piñera decretó toques de queda y el estado de emergencia, lo que permitió desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles; el mandatario levantó ambas medidas el 26 y el 28 de octubre, respectivamente.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias de torturas, abusos de poder, golpes y detenciones de militares a civiles.
Hasta el momento la lista oficial de fallecidos del Gobierno llega a 20, cinco de los cuales perdieron la vida a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.