"La sentencia fija 1 año y seis meses de inhabilitación especial para cargo público electo local, autonómico, estatal y europeo", informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El tribunal catalán considera que Torra fue responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público por no retirar unos lazos amarillos y pancartas en recuerdo de los "presos políticos" catalanes de la fachada de varios edificios públicos durante la campaña electoral previa a las elecciones españolas del 28 de abril.
Sin embargo, en opinión de este tribunal, Torra "desobedeció" las resoluciones "sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad".
Además de la condena de inhabilitación, el tribunal impone al presidente catalán una pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros (111 dólares) y le obliga a pagar las costas procesales.
Quim Torra comparecerá a las 13:30 (hora local) para ofrecer una declaración institucional en la que valorará el veredicto del juicio al que se sometió el pasado 18 de noviembre.
Torra recurrirá ante el Tribunal Supremo de España la condena de inhabilitación. Así lo anunció su abogado, Gonzalo Boye, en declaraciones emitidas por la televisión pública catalana, donde aclaró que la defensa del presidente catalán cuenta con un plazo de cinco días para presentar un recurso de casación.
El dirigente alegó ante el juez que desobedeció las órdenes de la Junta Electoral porque estas eran "ilegales", al tratarse de un órgano inferior en la jerarquía al presidente, y porque debía "preservar los derechos" de los ciudadanos de Cataluña, unos argumentos que la sentencia desestima.
"No cumplí. Dicho de otra manera, sí, desobedecí. Pero era imposible obedecer una orden ilegal, y todos los miembros de esta sala lo saben", admitió el presidente de Cataluña ante el tribunal que le juzgó el pasado 18 de noviembre.
En su sentencia, el TSJC considera la Junta sí era "competente" para emitir el mandato, y que este fue "elocuente, expresivo y claramente revelador de lo que debía llevar a cabo" el presidente, "imponiendo a su destinatario un inexcusable deber de acatamiento y sujeción al mismo en todos sus extremos".
El TSJC destaca en su veredicto "la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia" de Torra "a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad", tras los diversos intentos del presidente de esquivar la orden electoral de retirar las insignias.
Desde la defensa del presidente catalán encabezada por Boye consideran, no obstante, que esta una sentencia "voluntarista y descontextualizada" y aseguran que el Tribunal que juzgó a Torra no fue "imparcial".
"Cuando un tribunal no es imparcial, no podemos esperar una sentencia ajustada al derecho", señaló Boye en su valoración posterior al veredicto.
Elevar la inhabilitación a la Justicia Europea
Además, Quim Torra prevé elevar la condena a la Justicia Europea tras agotar las vías judiciales en España.
"Mi defensa presentará un recurso contra esta sentencia para solicitar el derecho a elevar una cuestión prejudicial a instancias europeas", anunció el presidente.
En una declaración institucional en la sede del Gobierno catalán en Barcelona, Torra expresó su "nula confianza" en la justicia española a raíz de esta sentencia y también de los distintos procesos judiciales que afectan a políticos y líderes del movimiento independentista catalán.
"Yo defendí, como era mi deber, la libertad de expresión y los derechos humanos de todos los ciudadanos de Cataluña", defendió Torra en su discurso, en el que también criticó un proceso judicial "lleno de irregularidades que pretendía acabar con un representante elegido por los catalanes".
"Estamos delante de tribunales políticos que juzgan por motivos políticos", sostuvo el líder independentista, que acusó al Estado español de "criminalizar" al movimiento catalán por la autodeterminación.
Con su recurso ante el Tribunal Supremo, la defensa de Torra pretende que se acepte elevar a Europa unas cuestiones prejudiciales sobre la causa contra el presidente catalán que el TSJC denegó tramitar en su momento.
En relación a la sentencia que también se hizo pública hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras, Torra pidió la nulidad del juicio que condenó a entre 9 y 13 años de cárcel a este dirigente y otros políticos catalanes.
"Hace falta que el Estado español reconozca sus errores. Mientras Europa es un ejemplo de justicia, España se encamina en la represión", aseguró el líder del Gobierno catalán.
"No desfalleceremos. Seguiremos defendiendo nuestro objetivo político, legítimo y democrático: la independencia de Cataluña y una república catalana libre", zanjó el dirigente independentista.