Según confirmó el Ejecutivo en un breve comunicado, Dolores Delgado será nombrada como Fiscal General del Estado el 14 de enero, en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de España.
Pablo Casado, líder del Partido Popular —la primera fuerza de la oposición— afirmó que el nombramiento "ataca directamente a la separación de poderes" y que convierte a la fiscal general en una "ministra más" del Gobierno.
Además, Casado se mostró preocupado porque esta designación se produce después de que el presidente del Gobierno prometiera trabajar por la "desjudicialización" del conflicto catalán.
"No tienen pudor. Y pretenden no tener frenos ni contrapoderes institucionales", denunció el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje publicado en redes sociales.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, rechazó estas críticas y afirmó que con esta designación "en ningún momento" se busca controlar al Ministerio Público desde el Palacio de la Moncloa.
En una breve conversación con la prensa, Calvo destacó que Delgado —conocida por su labor como fiscal antiyihadista en la Audiencia Nacional antes de ser ministra— cuenta con un perfil adecuado para desempeñar el cargo.
No obstante, el nombramiento también fue criticado desde las asociaciones profesionales de fiscales.
La Asociación de Fiscales —la mayoritaria del sector— se mostró convencida de que el próximo Gobierno de España quiere un Ministerio Púbico "sometido" a sus intereses.
Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) calificaron como "bastante extraño" que una persona pueda pasar en unos días de ser ministra a fiscal general, una transición que "puede afectar su deber de imparcialidad".
Pese a estas críticas, no todas las asociaciones se opusieron frontalmente al nombramiento.
La Unión de Fiscales Progresistas —a la que Delgado perteneció en el pasado— afirmó que "hay que dar un voto de confianza" a la nueva fiscal general porque "es una mujer preparadísima que conoce la carrera fiscal de los pies a la cabeza".