Las entidades del ámbito público "no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias por un plazo de 180 días corridos", estipula el decreto 132.
Los únicos organismos que han sido exceptuados de la normativa son la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El Gobierno de Alberto Fernández consideró que deben utilizarse de manera estratégica "los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión", lo que atañe la plantilla del personal contratado.
La normativa ordena también a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la jefatura de Gabinete de Ministros que realice un relevamiento en el que figure el personal contratado tanto de manera permanente como transitoria con el objetivo de "de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de Gobierno".
El Ejecutivo actual, que asumió el pasado 10 de diciembre, tiene mandato durante cuatro años.