Edward Fitzgerald, el abogado de Assange, hizo referencia al impacto de la filtración, en 2010, de los archivos militares y diplomáticos para recalcar la naturaleza política de la solicitud de entrega de su cliente, cuestión que niega el representante legal de Estados Unidos.
"No solo intentó inducir un cambio de política, sino que efectivamente lo hizo", enfatizó el letrado.
Dos puntos esenciales respecto al carácter político del proceso contra Assange siguen en disputa en esta primera fase del proceso judicial, que preside la magistrada Vanessa Baraitser en el Tribunal de Woolwich, al sureste de Londres.
La juez deberá decidir si acepta la interpretación del abogado fiscal, James Lewis, de que las imputaciones contra Assange son "pura y simple criminalidad" de presunto "hackeo" de un sistema informativo y divulgación de información a sabiendas de que se pondría en peligro a colaboradores e informantes de EEUU.
Por otra parte, diferencias en el contenido del Tratado de Extradición entre Londres y Washington y la legislación británica al respecto centran el segundo punto de discordia entre ambos equipos de abogados.
El Tratado excluye la entrega de un individuo por delitos políticos o por una motivación política de la solicitud de extradición, pero estas referencias "se eliminaron deliberadamente" de la legislación vigente en Reino Unido, según mantiene Lewis.
"Fue una rotunda intención del Parlamento eliminar esta desfasada y pasada de moda excepción política", alegó el abogado de la fiscalía.
La descripción enojó a su contrincante jurídico, quien la tachó de "grosera extravaganza de lenguaje".
"Estamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas cuando [Lewis] dice que este tratado nada tiene que ver con la legalidad de la solicitud de extradición", rebatió Fitzgerald.
La defensa intenta probar que la petición de EEUU está políticamente motivada, lo cual protege a Assange de ser extraditado tanto por el tratado bilateral como por la legislación británica de derechos humanos.
El caso continúa este 27 de febrero en la sala dos del juzgado de Woolwich.
Ambas partes podrán recurrir la decisión que tome la jueza Baraitser.
Las imputaciones están relacionadas con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, el centro de detención de Guantánamo Bay y los cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.
Es la primera vez que la ley de Espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.
Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.