Les dieron el piso cuando en este rincón de Madrid, el Ensanche de Vallecas, no había ni arbustos.
"Para comprar tabaco tenías que irte al otro lado de la autovía", recuerda, pitillo en mano, José Manuel Rojas, vecino de 59 años. La titularidad era del Ivima, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Se les asignaron por diferentes motivos: rentas bajas, familias monoparentales, mujer maltratada… Lo que venía siendo el objetivo de la construcción pública, social.
José Manuel Rojas, por ejemplo, la obtuvo en 2007 por su condición de padre solo a cargo de un hijo, aunque ahora viva con una nueva pareja. Él había residido "toda la vida" en Carabanchel, al otro lado de la ciudad. Y cuando llegó se tuvo que acostumbrar.
"Ya te digo, es que aquí no había nada. Volvías de noche y daba miedo. Era fantasmal", repite quien estaba curtido en las calles de Carabanchel.
La estampa se sintetizaba en una avenida de varios carriles con el esqueleto de edificios, aún por terminar. Ni siquiera pasaban coches. Poco a poco, el barrio se fue dinamizando. En las casas, muchas de ellas públicas, se asentaron familias y muchas parejas jóvenes.
Entre ellas, más de un millar lo hace en los bloques construidos por el Ivima. Empezaron a llegar, como Rojas, desde 2007. Paulatinamente. Y en 2013 recibieron el bombazo: el Ivima había vendido 2.935 viviendas a los fondos de inversión Azora-Goldman Sachs, conocidos como fondos buitre, a un precio de 201 millones de euros en total (no hay datos exactos de cada vivienda, pero se habla de unos 70.000 euros). El estatus de los inquilinos, por tanto, se modificaba: de habitar una casa pública, acorde a sus ingresos, pasaban a alquilar a Encasa Cibeles, una empresa subsidiaria de estos grandes grupos inmobiliarios.
Desde entonces, estos inquilinos tuvieron distintas alternativas. Todas pautadas por las zarpas del fondo buitre. La principal: que se marcharan. Su propósito era reformar los pisos y venderlos, presumiblemente a mayor precio. Bajo esa consigna, entraron algunas variables: pagar otra cuota (mayor) de alquiler, adquirir el piso (por un nuevo precio) o abandonarlo. Se enteraron por una carta de la Comunidad de Madrid en la que expresan que esas casas ya no les pertenecían. Después, la propia firma les mandó otra con las nuevas condiciones. Y, según el caso, les mandaron abogados o mediadores que les explicaran la situación.
Con esta sentencia, el ánimo de los afectados parecía haber aumentado. Más cuando, en diciembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sentencia. La Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) calificó la noticia de "magnífico" y dijo que, aun así, "no podían cantar victoria":
"Quedan recursos pendientes que resolver y, aunque sería raro, podrían cambiar el resultado final", indicaron.
Efectivamente: la Comunidad de Madrid recurrió. La actual presidenta —Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular— contradijo al anterior dirigente (de su mismo grupo político) y el pasado 13 de enero la Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso un recurso, en lugar acatar la decisión judicial.
"Mucha gente se marchó por la presión. Era insostenible", cuenta.
Muchos aprovecharon la coyuntura para entrar en casas de una patada y se produjo una degradación abismal. "La idea era que terminásemos yendo. En mi portal tenían pistolas y nos amedrentaban a los inquilinos", rememora Briega. Briega da la versión de uno de los bloques de tamaño medio. En total, 80 puertas. Y solo quedan 15 de los que empezaron. El resto no aguantó.
"A mi bloque lo llamaban el Bronx", aduce: música alta a todas horas, reyertas, intimidaciones, robos. Incluso colgaron carteles que anunciaban vigilar las pertenencias o dejaron que las zonas comunes se degradaran: basura sin recoger, patios con escombros, enchufes arrancados.
"Muchos no aguantaron. Yo tenía que ir al metro acompañada", lamenta la inquilina, a la que le pidieron que pagara más de 400 euros por un alquiler que tenía en 170. "Primero me dijeron que me subían el alquiler. Luego que comprara la casa. Y ahora me dicen que me van a desahuciar, que ya tienen los papeles preparados", relata.
Otra de las artimañas que utilizaba Encasa Cibeles era evitar que los inquilinos pagaran y, así, poder utilizar esa deuda como arma arrojadiza.
"Van casi siete años de lucha y estamos muy quemados", esgrime Monserrat González, de 62 años, en el salón de un octavo con vistas panorámicas a un retablo de urbanizaciones. Viuda y con la pensión mínima, González obtuvo unas reducciones que la permitían tener un techo. Si la expulsan, opina, tendrá que irse de Madrid. "No tengo medios para seguir aquí", señala, "porque esto lo hicieron precisamente con esa intención: que la gente con pocos recursos pudiera tener un techo. Algunos pagaban incluso 50 euros".
"¡La vivienda debería ser un derecho, no un bien para especular!".
González alerta de que el porcentaje de vivienda pública en España es mínimo y cree que de ellos "se han olvidado". Algunos políticos han manifestado su apoyo a los vecinos, sobre todo por parte de Podemos, Izquierda Unida o PSOE, pero no ha habido avances. "Hemos estado en la Asamblea de Madrid y salvo el PP, todos se han reunido con nosotros", afirma.
En este tiempo de incertidumbre, algunos han dado un paso al frente. Otros han preferido no manifestarse, para no ser señalados. "Esto te devora el ánimo. Es mucho estrés, mucha ansiedad. Si te pones a pensarlo, no duermes", confiesa González. "Es un desgaste psicológico total", coincide Briega, "aunque yo voy a seguir luchando por una cuestión moral". "Han vendido algo que se construyó con el dinero de todos", se queja Rojas. "Dicen que son liberales, pero no es de libertad, sino de facilitar que el rico sea más rico y el pobre más pobre. Han esperado a que esto se revalorizara. Antes que no había nada, ni caso; ahora que mola el barrio, nos quieren echar", se queja Rojas.