La denuncia fue enviada a la Corte de la República el 19 de marzo, informa el periódico Le Figaro.
Los trabajadores de la salud denuncian una "mentira gubernamental". Argumentan que el Gobierno debió haber almacenado máscaras, pruebas y otros materiales médicos necesarios después de que apareciera información sobre el alcance del desastre, pero que no hizo nada.
La propia Buzyn, en una entrevista con Le Monde, afirmó que cuando renunció en enero pasado, ya sabía "sobre el inminente tsunami".
La queja será considerada primero por una comisión especial que puede rechazarla. Si el tribunal falla a favor de los médicos, Philippe y Buzyn enfrentarán una pena de prisión por dos años y una multa de 30.000 euros, unos 32.300 dólares.
Según el nuevo ministro de Salud, Olvier Veran, las autoridades ordenaron 250 millones de máscaras más, 86 millones ya están guardadas en los almacenes.
En diciembre de 2019, las autoridades chinas advirtieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de neumonía desconocida registrada en la ciudad de Wuhan, en la parte central del país (provincia de Hubei). Más tarde, se supo que el agente causante de la enfermedad era un nuevo coronavirus. Más de 303.000 personas están infectadas con COVID-19 en el mundo y 13.000 han muerto.