La aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma se antoja aún más complicada que sus precedentes, pese a ser el marco jurídico que ampara las restricciones destinadas a paliar los efectos de la pandemia de COVID-19.
A la espera de confirmación oficial por parte gubernamental, la líder de C's, Inés Arrimadas, ha avanzado que los compromisos arrancados a Pedro Sánchez prevén una extensión de la moratoria del pago de impuestos y la agilización en el pago de prestaciones a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que puedan ser cobradas en junio a más tardar. Según Arrimadas, Pedro Sánchez también ha accedido a estudiar la viabilidad de que "ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos" y su exención de pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social mientras se estén percibiendo las ayudas.
El contexto del acuerdo
Aun con el acuerdo pactado con C's para granjearse su apoyo, diversos factores se conjugaban para entorpecer la quinta votación de la prórroga del estado de alarma.
Esta contingencia obligó a Pedro Sánchez a negociar in extremis con los nacionalistas vascos del PNV y con C's. Y ahora la negociación se presentaba ardua, pues la formación valenciana Compromís solicita una nueva financiación para la Comunidad Valenciana, por lo que sostuvo un enfrentamiento con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control. Compromís no ha prometido su voto hasta que se atiendan sus exigencias. Antes de pactar con el Gobierno, C's de alguna manera vinculaba su eventual voto positivo con la necesidad de llegar acuerdos en aras de limitar la influencia del cogobernante Unidas Podemos. Tras el pacto alcanzado, puede vanagloriarse de haber ejercido una influencia mucho mayor que la del principal partido de la oposición, el PP. Además, en Ciudadanos no veían bien el sondeo del Gobierno a ERC para recuperar su apoyo.
Fruto de la polarización
En suma, el cálculo político a cuenta de la contienda subyacente a los efectos de la pandemia está añadiendo más matices a lo que en principio debería ser una votación sobre unas medidas exclusivas para atender una urgencia sanitaria.
Reflejo de la opinión pública
La brega en torno a las sucesivas peticiones de prórroga del estado de alarma también es un reflejo de los ánimos de la opinión pública. Los datos de una encuesta de Metroscopia de finales de abril ya apuntaban que el Gobierno puede estar perdiendo la batalla de la opinión pública, pues su valoración se halla en momentos bajos y una mayoría pensaba que el Ejecutivo no disponía de un plan claro de desescalada ni de recuperación económica.
Y conforme a un estudio continuo de YouGob realizado en 21 países entre el 20 de febrero hasta el 8 de mayo, el 43% de los españoles tenían una opinión "muy buena" o "relativamente buena" de la gestión de su Gobierno. El dato es muy similar al de la última encuesta del mayor centro demoscópico en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo último estudio, publicado el 19 de mayo constata que un 46% manifiesta tener "mucha o bastante" confianza en la gestión del Gobierno español (el 48,43%, poca o ninguna).