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Comienza el juicio en Madrid por el asesinato en 1989 de los jesuitas españoles en El Salvador

El 16 de noviembre de 1989 cinco jesuitas españoles murieron en El Salvador a manos del sanguinario batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño. El excoronel Inocente Orlando Montano, señalado como uno de los principales autores del crimen, comparecerá ante el tribunal en Madrid este lunes, 30 años después de la tragedia.
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El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, responderá este lunes 8 de junio ante la justicia española por los crímenes de los jesuitas en El Salvador, delito por el cual se encuentra en prisión preventiva en España desde 2017 después de que Estados Unidos lo extraditara tras una ardua disputa judicial. Montano es considerado como uno de los autores principales de los ocho asesinatos en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija adolescente en 1989, entre cuyas víctimas se encontraban cinco españoles.

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Tres décadas después, tras la instrucción llevada a cabo por el Juez Eloy Velasco —quien cursó la orden internacional contra el excoronel—, Montano se enfrenta a un proceso en el que el abogado Manuel Ollé, quien ejerce de acusación particular en representación de los antiguos alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús solicita una pena 240 años de prisión por su participación en asesinatos. Por su parte, la Fiscalía española pide para él 150 años de prisión. El proceso judicial tendrá su continuación los días dos días más de junio y continuará desde el 8 al 16 de julio, respectivamente.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el año pasado 30 años de prisión por cada uno de los cinco asesinatos de los religiosos españoles. El excoronel, además, es el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA).

La tragedia del 16 de noviembre de 1989

Tal y como narraron algunos de los testigos, eran las 11 de la noche del 16 de noviembre de 1989 cuando se empezaron a ver coches merodeando por la Universidad y, sobre la una de la madrugada, comenzó la invasión total del centro educativo por parte de los militares salvadoreños.

La noche del fatal desenlace dormían en la residencia jesuita de la UCA seis sacerdotes y dos empleadas domésticas. Los militares les llevaron hacia el jardín, apodado como el Jardín de las Rosas, y los tumbaron boca abajo para posteriormente disparar contra ellos. Para no incitar sospechas, los militares fingieron un enfrentamiento a través de varios disparos y daños a varios automóviles estacionados, tal y como relataron posteriormente algunos de los testigos que se encontraban en las inmediaciones durante el suceso.

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Los medios de comunicación de El Salvador publicaba informaciones a modo de ultimátum para los creyentes de esa corriente religiosa. Tres días antes de la tragedia, el 13 de noviembre, el diario La Prensa Gráfica informó sobre la realidad de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio en las que se aseguraban que era "de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años". Se acusaba como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría, además de rector de la Universidad Centroamericana. ​

Esa misma noche, miembros del Ejército Salvadoreño ingresaron a las instalaciones de la universidad para registrar la residencia de la comunidad de jesuitas que se encontraba en el interior y ultimar los detalles para perpetrar el crimen.

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Pretendían fingir que habían sido miembros de la guerrilla del FNML los autores del asesinato. El Ejército tardó mes y medio en reconocer que habían sido ellos. De los 50 oficiales que entraron a la UCA, solamente fueron llevados a juicio nueve personas, de los cuales fueron absueltos siete —los que dispararon con los fusiles—, y dos condenados, quienes transmitieron la orden del Estado mayor. A los dos militares condenados, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moredo y el teniente Yusshy René Mendoza —quien se enfrenta también a la justicia española en el mismo juicio que Montano—  le interpusieron una pena de 30 años de prisión. El Ejercito tardó mes y medio en reconocer que habían sido ellos, ante las numerosas protestas internacionales y pruebas concluyentes de implicación en el caso. 

¿Por qué a los jesuitas?

Para un sector ultraconservador del ejército salvadoreño, los jesuitas que ejercían la alta dirección eran considerados sospechosos de sostener la Teología de la Liberación —un movimiento socioeclesial disruptivo de la ortodoxia católica que veía a Jesús como un profeta revolucionario—, por lo que se suponía que podían ser aliados de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y por lo tanto, subversivos para el control político.

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Miembros de la Fuerza Armada solían calificar a la UCA como un "refugio de subversivos". Tal y como indica el informe de 1999 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el coronel Inocente Montano dijo públicamente que los jesuitas estaban plenamente identificados con los movimientos subversivos. Por su parte, el coronel Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa, acusó públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones donde se planifica la estrategia terrorista del FMLN.

Todo ello ocurrió en el marco de la Guerra Civil que se vivía desde 1980 a 1992 y que hundió a la sociedad salvadoreña en la violencia. Esta guerra se cobró la vida de más de 75.000 personas. Al final del conflicto armado, un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuyó sólo el 5% de los crímenes a la guerrilla FMLN. El régimen y sus paramilitares eran responsables de la gran mayoría de las muertes, desapariciones y desplazamientos de la contienda.

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