"Estamos firmando un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín", informó el mandatario durante una rueda de prensa pública.
En los próximos días su Gobierno también mandará un proyecto de "ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado nacional se haga cargo", puntualizó Fernández.
El Grupo Vicentín será declarado de utilidad pública "puesto que es una compañía que se dedica a la producción de alimentos en un momento que tiene una relevancia singular por el momento de pospandemia", aclaró el jefe de Estado.
La empresa tiene varias plantas de cereales y oleaginosas, además de una división de producción de biodiesel, otra fábrica textil, una planta de zumo concentrado, una bodega en la provincia de Mendoza (centro-oeste) "y hasta se dedica a exportar miel", enumeró Fernández.
La firma también posee otras ramificaciones en el mercado alimenticio y en el de la carne.
Los 2.600 productores que proveen cereales a esta compañía continuarán haciéndolo con normalidad, y los empleados de la empresa continuarán en sus puestos de trabajo, según espera el Ejecutivo.
Deuda
El principal acreedor del Grupo Vincentín es el Banco público Nación, que aportó en total 18.500 millones de pesos (262 millones de dólares al cambio actual).
La empresa arrastra una deuda total de 1.350 millones de dólares.
La justicia de la provincia de Santa Fe (centro-este) aceptó en marzo la apertura del concurso de acreedores de la compañía.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó en febrero al último presidente del Banco Nación durante el Gobierno anterior, Javier González Fraga, por los préstamos concedidos a Vicentín.