"Le proponemos que la reunión se realice en la semana del 25 de junio, y que la Secretaría técnica prepare una propuesta de agenda de reuniones para los siguientes dos meses, a ser concertada en nuestro próximo encuentro", indicaron en un comunicado los delegados del Componente FARC de la Csivi.
"Debemos reiterar que nos interesan mayores claridades acerca del lugar de Cuba como país garante de la implementación... tal y como lo expresamos en la constancia de nuestra reunión suspendida el 14 de mayo", señalaron los delegados en el texto.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo pública una invitación a la FARC para que los delegados de ese partido en la Csivi definieran una fecha para reanudar las actividades de esa instancia, que fueron suspendidas el pasado 14 de mayo por ese partido de izquierda.
Ese día se cumplió la última jornada de la Comisión, pero tras ser aprobados seis nuevos puntos geográficos para emisoras encargadas de la difusión de los avances de la paz, los delegados de FARC se retiraron en razón de que, un día antes, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, avaló que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de países que “no cooperan completamente” en la lucha antiterrorista.
"El señor Miguel Ceballos no parece un comisionado de Paz sino un delegado para la guerra, celebra que un país garante del acuerdo de paz de Colombia sea incluido en la lista de 'ayudantes del terrorismo'. Por ello decidimos suspender nuestra participación en la Csivi", anunció la FARC esa vez en su cuenta de Twitter.
El Gobierno colombiano rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN en febrero de 2019, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.
A raíz de ese hecho Colombia pide en extradición a diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en La Habana, pero el Gobierno de la isla se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz firmados con la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.