En concreto, la Mesa del Congreso —el órgano rector de la cámara— rechazó la apertura de la comisión de investigación gracias a los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el conservador Partido Popular y la formación ultraderechista Vox.
Se trata de la tercera vez que la Mesa del Congreso rechaza abrir una investigación contra el rey emérito.
El rechazo de la propuesta llega después de que los letrados del Congreso emitieran un informe el 15 de junio recordando que las prerrogativas de inviolabilidad ostentadas por el monarca "abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes".
"Ya es insostenible que la inviolabilidad se pretenda aplicar a presuntos delitos cometidos como parte de la actividad privada de Juan Carlos I de Borbón y fuera de su actividad como Jefe del Estado, pero que se proyecte al futuro tras la abdicación es nuevo", lamentó Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.
A su modo de ver, "cada vez necesitan argumentos más alambicados y más débiles para seguir protegiendo a la Casa Real y seguir poniéndola por encima de la ley".
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta una investigación en la que se intenta aclarar la implicación del rey emérito Juan Carlos I en el cobro de más 80 millones de euros a modo de comisión por la adjudicación a empresas españolas de las obras para crear un tren a La Meca en 2012.
Las diligencias contra el monarca llegan a España después de que el pasado mes de marzo se conociera que la Fiscalía de Ginebra (Suiza) le investiga por haber realizado una presunta donación de 65 millones de euros a su examante, la aristócrata y empresaria Corinna Larsen.
Esa donación, según información publicada por el diario suizo Tribune de Genève, tendría su origen en una comisión ilegal de 100 millones de dólares (89,7 millones de euros) que Juan Carlos I recibió en una cuenta suiza por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Saud.