"Esperamos que esta ley sea promulgada a la brevedad posible, por su importancia en el actual estado de cuarentena", dijo Milton Barón, primer vicepresidente del Senado, citado en un reporte de esa cámara.
La ley quedó sancionada en la noche del 8 de julio, luego de que el Senado aceptara ajustes introducidos el día anterior por la Cámara de Diputados en el proyecto original.
Barón agregó que el parlamento prevé sancionar también una ley que asigna recursos para la bioseguridad necesaria para las elecciones generales del 6 de septiembre.
Señala que el Gobierno pagará por esos servicios a las clínicas privadas "el precio real en el que se haya incurrido, demostrable de forma documentada".
La norma fue tramitada en vista de la sobresaturación de los hospitales públicos por los crecientes casos de infección con el nuevo coronavirus, que hasta el 8 de julio sumaban casi 43.000 en todo el país.
La norma agrega que los centros privados de salud podrán seguir atendiendo a las personas que requieran directamente sus servicios, aplicando en estos casos tarifas que sean concertadas.
La ley se sumaba a una serie de medidas tomadas por el parlamento sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19, en algunos casos ampliando acciones tomadas por el Gobierno.