"Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, la jueza dicta arresto domiciliario con vigilancia policial para Abdalá Bucaram Ortiz", estableció la Fiscalía.
La audiencia fue realizada en la madrugada del jueves y en ella también se dictó prisión preventiva contra tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.
Para Bucaram, la jueza solicitó prisión domiciliaria como una medida sustitutiva a la prisión preventiva, por ser mayor de 65 años.
Según la instrucción fiscal, los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre y agosto de este año en Quito y Guayaquil.
Una de esas actividades sería la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas en medio de la emergencia sanitaria.
La presunta delincuencia organizada se habría estructurado a través de la confluencia de una serie de delitos que se investigan: enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso presuntos delitos contra la vida.
Bucaram fue arrestado en su domicilio en Guayaquil, en un operativo a cargo de la Policía, en medio de la investigación sobre el asesinato en la cárcel de esa ciudad de un ciudadano israelí, aparentemente ligado a la compra y venta ilegal de medicinas e insumos médicos en los hospitales púbicos durante la emergencia del COVID-19.
Según la Fiscalía, en el caso de delincuencia organizada también estaría involucrado Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, por su presunta vinculación con el ciudadano israelí.
Los tres hijos del exmandatario, Abdalá, Jacobo y Mishel Bucaram Pulley, junto con otras doce personas, están procesados por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales de Guayaquil.
El expresidente, que porta un grillete electrónico, también es investigado por el delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural y tráfico ilícito de armas y municiones.
Durante la emergencia declarada por la pandemia del COVID-19, estallaron en Ecuador una serie de escándalos sobre corrupción en la venta de insumos médicos y medicinas en los sistemas de salud pública y de la seguridad social, incluida la venta de fundas para los cadáveres en Guayaquil cuando esa ciudad colapsó por la pandemia.