España

Martín Villa niega ante jueza argentina su responsabilidad por muertes en la Transición

MADRID (Sputnik) — El exministro español Rodolfo Martín Villa declaró por videoconferencia desde Madrid ante la jueza María Servini, al frente de la causa argentina para la aplicación de la Justicia Universal respecto a los crímenes franquistas.
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Según reportan medios locales, la declaración de Martín Villa desde la embajada argentina en España duró alrededor de tres horas. En ella, el exministro de la dictadura –y también figura prominente de la Transición a la democracia– negó su implicación en la muerte de 12 personas entre 1976 y 1978, cuando era ministro del Interior.

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La querella presentada ante la justicia argentina descansa sobre la premisa de que, incluso tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, en España hubo una violencia generalizada contra determinados colectivos políticos y sociales, por lo que algunos sucesos de la época podrían constituir crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

Uno de los sucesos más conocidos en los que se le atribuye responsabilidad a Martín Villa es la masacre de 1976 en Vitoria, donde cinco activistas fueron asesinados por los cuerpos de seguridad, que emplearon armas de fuego contra trabajadores declarados en huelga.

La declaración de Martín Villa en la Embajada de Argentina en Madrid estuvo marcada por una protesta. Varios ciudadanos se congregaron para recibirle al grito de "justicia".

Martín Villa niega ante jueza argentina su responsabilidad por muertes en la Transición

En su comparecencia ante la jueza Martín Villa defendió que la Transición española "fue justamente lo contrario a un genocidio". De hecho, durante el interrogatorio se colocó a sí mismo como uno de los máximos responsables de la misma, de la que dibujó una imagen idílica.

"Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo. Algo tuve que ver con todo esto", declaró, según recoge el diario El País.

Estas palabras siguen la línea marcada en las horas previas a la declaración por hasta cuatro expresidentes del Gobierno español (González, Aznar, Zapatero y Rajoy), que enviaron cartas a la jueza Servini defendiendo a Martín Villa por su papel en la Transición.

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Para la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) estas cartas son un "burdo intento" de ejercer "presión política" sobre la jueza Servini. Además, consideran que las loas de los expresidentes al papel de Martín Villa en la Transición "en ningún caso desvirtúan los hechos por los que está imputado".

En cuanto a los sucesos de Vitoria –también según recoge El País– Martín Villa reconoció ante la jueza que "ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas".

No obstante, acto seguido añadió que "una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido que lleva a la querella a afirmar que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad".

De hecho, negó que las muertes causadas por los policías respondieran a sus órdenes.

"Mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales", sostuvo.

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Tras la indagatoria, la jueza tiene un plazo de 10 días para decidir si el exministro es procesado o si se archiva la causa, aunque no se descarta que Martín Villa tenga que volver a declarar en próximos días antes de la decisión final.

Sea cual sea el resultado, la declaración de Martín Villa ante la justicia supone un hecho histórico. Así lo valoró al menos el actual vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, que calificó el interrogatorio como "un paso histórico para la justicia y contra la impunidad"

"Rodolfo Martín Villa responderá por delitos de lesa humanidad. La generación que hizo la transición y trajo la democracia merece que rompamos la impunidad", añadió.

Pese a estas declaraciones del actual vicepresidente, desde el inicio de la causa –que arrancó hace ya una década– España se negó a colaborar con la justicia argentina bajo la justificación de que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.

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