"Es falso que hubiese posibilidad de inspeccionar archivos militares recientes", escribió Morales en su cuenta de la red social Twitter, citando la resolución judicial sobre la inspección de los archivos militares que debía comenzar el 21 de septiembre, y que bloqueó la Fuerza Armada.
Morales, quien dirigió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador entre 2013 y 2016, también desmintió la aseveración de Bukele sobre la supuesta falta de jurisdicción del juez Jorge Guzmán para investigar incluso las instituciones militares.
Morales, quien fue acosado por veteranos de la Fuerza Armada después de que un coronel prohibiera el acceso del juez Guzmán al Estado Mayor, desmintió también que el jefe de Estado haya entregado toda la evidencia documental al tribunal.
"Este Gobierno no ha entregado ninguna [evidencia], y eso motivó las inspecciones judiciales que ahora el presidente Bukele impidió", replicó el también representante legal de las víctimas de la matanza de El Mozote y cantones aledaños, perpetrada por el Batallón Atlácatl en diciembre de 1981.
El abogado estimó que el mandatario intentó en su reciente cadena nacional sustraer a las Fuerzas Armadas de los controles del Estado de Derecho, y confirmó que la decisión de impedir el acceso a los archivos no la tomó el coronel Carlos Vanegas, sino él mismo y su ministro de Defensa, contralmirante René Merino.
Bukele aseguró el 24 de septiembre en cadena nacional que los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote fueron destruidos, y afirmó que lo que quedó de esa documentación le fue entregada con acta a un juez.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.