"Las restricciones desproporcionadas de las protestas en la Francia del posconfinamiento vienen a continuar un patrón preocupante que se ha visto en los ataques de la policía y el sistema judicial a manifestantes pacíficos", opina Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional para Europa.
Perolini señala que "miles de personas han sido multadas, arrestadas, detenidas y procesadas arbitrariamente por actividades pacíficas que no deben considerarse delitos".
"Las protestas pacíficas han sido prohibidas mediante las leyes draconianas del COVID-19 y cientos de manifestantes han sido multados", según él.
De noviembre de 2018 a julio de 2019, , según la Amnistía Internacional, más de 11.200 participantes de las protestas de los chalecos amarillos fueron arrestados y procesados en Francia por actividades que no deberían constituir un delito.
En 2018 y 2019, más de 40.000 personas, incluidos manifestantes, fueron condenadas sobre la base de leyes que la ONG califica de "vagas".