La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha informado a la prensa sobre los acuerdos del Consejo de Ministros. Entre ellos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decido aprobar la suspensión de los desahucios hasta el fin del estado de alarma.
De este modo, las familias vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional hasta el 9 de mayo no podrán ser desahuciados. "Es un decreto claramente extraordinario para un momento excepcional de dificultad", ha dicho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, especificando que se trata de "una normativa que no legitima ninguna ocupación de viviendas", que "refuerza las garantías judiciales" y que compromete al resto de administraciones públicas competentes en vivienda.
Los inquilinos tendrán que presentar una solicitud al juzgado y los servicios sociales determinarán si se trata de una situación de vulnerabilidad.
Los propietarios tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados, en el caso de inquilinos con contrato. Esa compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble. El precio se determinará a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador, por el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.
También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores, es decir, de aquellos propietarios que cuenten con más de diez inmuebles, y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista.
En todos los casos, para que se pueda ejecutar un desahucio las autoridades deberán garantizar una alternativa habitacional digna para los afectados, que no podrá ser un albergue o un polideportivo.
El nuevo decreto ley ha tardado en ser aprobado. Estaba previsto que se aprobara en la reunión del 1 de diciembre, pero no fue así, y a preguntas de los medios la ministra portavoz dijo que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos estaba "trabajando en ese decreto ley", señalando que "la iniciativa le corresponde al Gobierno, el Gobierno la está desarrollando y trabajándola de forma muy concienzuda".
Finalmente, lo acordaron las fuerzas de coalición del Ejecutivo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, después de semanas de negociación para hacer realidad una iniciativa que los de Podemos reclamaban.
De este modo se prorroga hasta el 9 de mayo la moratoria de los desahucios de alquiler para los afectados por la crisis del coronavirus y extiende la medida a los colectivos vulnerables por otras causas, así como a los que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia.
Además, el Gobierno también ha aprobado la prohibición de cortes de suministros de luz, gas y agua para los consumidores vulnerables hasta que finalice el estado de alarma.
El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando el contenido del decreto. "Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y dignidad", ha dicho.