"He decidido que la extradición sería opresiva", dictó la magistrada Vanessa Baraitser en la sala dos del Old Bailey de Londres, el Tribunal Penal Nacional.
La jueza aceptó el diagnóstico de siquiatras de que Assange sufre "desorden depresivo recurrente, que fue severo… y con alucinaciones sicóticas" y coincidió con los expertos que opinan que padece el síndrome de Asperger.
14/ #BREAKING: Judge rules against US extradition of #JulianAssange, contending extradition would be oppressive by reason of #Assange’s mental health
The US government is going to immediately appeal
Incredible, joyful scenes outside the court. No one was expecting this! pic.twitter.com/kKYbuusF7B
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Baraitser se declaró convencida de que el profesional australiano encontraría la forma de suicidarse en una prisión de alta seguridad de EEUU.
Edward Snowden, exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, comento de decisión de la corte británica en su cuenta de Twitter.
Libertad cautelar a examen
La magistrada convocó una audiencia, para el miércoles 6, en la que se abordará la posibilidad de conceder la libertad condicional a Assange hasta que se resuelva la apelación.
Baraitser dio por hecho que el periodista y programador australiano, a quien EEUU acusa de cargos de espionaje y uno de pirateo informático, sería detenido en centros de máxima seguridad, en régimen de aislamiento, si fuera extraditado.
"Estoy convencida de que, en esas duras condiciones, la salud mental del señor Assange se deterioraría, llevándole a cometer suicidio", afirmó en la lectura de amplias secciones de su dictamen.
En este sentido, consideró que los procedimientos del sistema penal estadounidense "no evitarían que el señor Assange encuentre la manera de suicidarse".
Puntos de apelacion
Sin embargo, la jueza tumbó con estricta precisión el resto de los motivos que el equipo legal del profesional australiano planteó, a lo largo del proceso judicial, entre sus argumentos en contra de la entrega a Washington.
Baraitser dio la razón a la acusación al señalar que la ley (británica) de Extradición de 2003 tiene prioridad sobre el convenio al respecto que Reino Unido y EEUU ratificaron ese mismo año. El acuerdo internacional, que sigue vigente, enumera explícitamente los delitos políticos entre los impedimentos para entregar a un individuo.
Y rechazó los alegatos y testimonios de decenas de expertos que trataron de apuntalar la posición de la defensa sobre abuso de proceso y violación de los derechos humanos del exeditor y programador informático, que tuvo dos hijos en los últimos años de su refugio en la embajada de Ecuador en Londres.
El juicio se desarrolló en dos fases, con la primera centrada en la exposición general de los argumentos de ambas partes, que tuvo lugar en febrero de 2020, y la segunda dedicada a testimonios orales y escritos de medio centenar de testigos, que concluyó el 1 de octubre.
La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.
Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 "cables sin editar" del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.
Además, Assange está acusado de "alentar y ayudar" a la exanalista militar Chelsea Manning a "obtener ilegalmente" documentos clasificados de la "defensa nacional".
Baraitser aseguró, en la lectura de su dictamen, que dichos cargos serían admitidos bajo la ley británica de Secretos Oficiales y que la justicia estadounidense protegería el derecho de expresión y la libertad de prensa.
Los abogados fiscales que representan al departamento de Justicia sin duda recuperarán todos estos puntos en la vista de apelación, cuya fecha está aún por determinar.