En concreto, se trata de una mujer de 84 años de edad, con un grado de deterioro cognitivo que influye a su capacidad de decisión. Su hija se negó a autorizar la vacunación por temor a los posibles efectos secundarios.
A la vista de esta negativa, la residencia de mayores en la que se encuentra ingresada la mujer decidió acudir a la justicia, que respondió obligando a su vacunación.
"Es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que no por una vacuna", recoge el juzgado gallego en un auto.
El magistrado admite que "el propio hecho de la vacunación supone un riesgo", pero añade que "omitirla también los conlleva" tanto para la mujer en cuestión como para terceros.
Por ello, y ante la incapacidad de la mujer para decidir por su cuenta, el juzgado decidió "optar por el riesgo menor" alegando "razones de sanidad pública".
La decisión es inédita, aunque no se trata del primer caso que genera polémica en España por la negativa de familiares a que sus mayores se vacunen.
El pasado 30 de diciembre la Fiscalía de Sevilla ya se posicionó a favor de la vacunación de las personas sin capacidad de decisión, después de que un hombre se negara a que su padre recibiera las dosis para ser inmunizado contra el coronavirus.
Del mismo modo, según informan medios locales, la Fiscalía de Valencia estudia una decena de casos similares.
La campaña de vacunación en España arrancó el pasado 27 de diciembre con la llegada de las primeras dosis de Pfizer y BioNTech, que están siendo suministradas entre personal sanitario y residentes en centros de mayores.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hasta la fecha se suministraron vacunas a 488.000, lo que implica que fueron ya se utilizaron el 65% de las 744.000 dosis repartidas entre las distintas administraciones regionales.